El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén demolieron una vivienda usurpada en Villa Nueva que funcionaba como búnker narco. La medida se concretó tras la detención de seis delincuentes y el esclarecimiento de varios robos a comercios locales.
Un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén culminó con la demolición de una vivienda usurpada en Villa Nueva, que era utilizada como búnker y aguantadero por una banda delictiva. La medida se tomó tras una investigación que permitió detener a seis personas, esclarecer varios robos a comercios locales y recuperar el inmueble ocupado ilegalmente.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó que la causa se inició en mayo y fue trabajada por la Comisaría Novena, en el marco de distintos hechos de robo agravado. “La banda se dedicaba a robar y usaba esta casa como búnker para resguardar lo robado y no ser encontrados”, señaló.
Entre los robos vinculados se encuentran hechos en el local Arrecife, la tienda Priscila, la carnicería Muscianisi y un café de Bandera de los Andes. En uno de los allanamientos incluso se hallaron perchas pertenecientes a uno de los comercios damnificados.
“Lo que queremos es que se logre una condena efectiva. Este es un importante hito en el cierre de un sistema delictivo que veníamos investigando”, sostuvo la ministra, al remarcar que el inmueble ya no podrá ser reutilizado por la organización.
Una demolición planificada
La demolición fue supervisada por la ministra Rus y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien explicó que el operativo se llevó adelante de manera segura y organizada. “Primero cortamos los servicios esenciales, en este minuto estábamos interrumpiendo el servicio eléctrico, y luego avanzamos con las tareas más complejas que tuvieron que ver con la demolición total de la vivienda”, indicó.
El jefe comunal destacó que el objetivo fue cerrar el predio y dejarlo en condiciones para que no vuelva a ser usurpado ni utilizado con fines delictivos.
Calvente recordó que la iniciativa surgió a partir de una reunión con vecinos de la zona, a mediados de mayo, quienes manifestaron la preocupación por la inseguridad. A partir de allí, se coordinó un plan de trabajo con el Ministerio de Seguridad para desalojar a los ocupantes, avanzar con las medidas legales y proceder a la demolición.
“Entendimos que no solo estaba en juego lo urbanístico, sino sobre todo la seguridad pública. Ahora los titulares registrales podrán hacerse cargo del terreno y su mantenimiento, algo que antes no podían por la usurpación”, explicó Rus.
Con la demolición, las autoridades buscan enviar un mensaje claro de que los espacios utilizados por las organizaciones delictivas no volverán a ser aguantaderos. “Este lugar fue clausurado definitivamente. Nadie más podrá ocuparlo ni usarlo como búnker”, concluyó la ministra.
