El ex gobernador Arturo Lafalla participó de la audiencia pública por el proyecto minero San Jorge y advirtió sobre un dato clave que, según él, falta en el informe de impacto ambiental presentado por PSJ Cobre Mendocino.
Durante la audiencia pública celebrada este martes en Uspallata, en el marco de la evaluación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el ex gobernador de Mendoza, Arturo Lafalla, fue uno de los oradores más críticos. En su intervención, de poco más de tres minutos, expuso una serie de cuestionamientos económicos sobre los supuestos beneficios que dejaría la explotación minera proyectada para la zona cordillerana del departamento de Las Heras.
Lafalla comenzó detallando los números oficiales del informe presentado por la empresa:
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559 millones de dólares de inversión en los primeros dos años.
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1.920 millones de dólares en gastos operativos durante los 16 años de explotación.
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Un costo fiscal estimado en 1.315 millones de dólares (sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales).
Sin embargo, el ex mandatario sostuvo que el documento oficial tiene un vacío clave: “No se incluye cuánto vale en el mercado la cantidad de cobre, oro y eventualmente plata que se prevé extraer del yacimiento”, remarcó.
Según las estimaciones de PSJ Cobre Mendocino, se planea extraer unas 653.441 toneladas de concentrado de cobre y 12.118 toneladas de oro. A partir de esos datos, Lafalla hizo sus propios cálculos y estimó que el valor actual en el mercado internacional sería de 6.288 millones de dólares por el cobre y 1.270 millones por el oro, lo que sumaría 7.558 millones de dólares en beneficios brutos para la empresa.
En ese sentido, afirmó que el beneficio neto rondaría los 3.700 millones de dólares, es decir, el doble de lo que la empresa asegura que costará operar el yacimiento.
“No conocemos ningún yacimiento que deje esos beneficios del 100%”, expresó Lafalla, dejando entrever sus dudas sobre la veracidad y profundidad del análisis económico presentado por la firma.
Además, planteó que los beneficios para la provincia y la localidad de Uspallata son poco claros. “La renta fiscal que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es del 38%, pero en otros países mineros como Chile o Perú, el porcentaje es más alto: 45% y 42% respectivamente. Si aplicáramos esos valores, el costo fiscal debería ser 2.400 millones, y no los 1.300 millones que figuran en el informe”, explicó.
Por último, el ex gobernador remarcó que los costos económicos también deben formar parte del estudio de impacto ambiental, y cerró con una pregunta que resumió su posición:
“¿Cuáles son realmente los números que definen los beneficios para Mendoza?”