Las personas estaban siendo sometidas a explotación laboral. Muchos de ellos eran trabajadores golondrinas del norte del país y algunos, extranjeros.
La policía Federal rescató a casi un centenar de trabajadores rurales que estaban siendo explotados laboralmente en una finca en el departamento de Malargüe.
El operativo se realizó este miércoles en horas de la mañana en una finca dedicaba a la siembra, cosecha y acopio de ajos ubicada en la Ruta Nacional 40 Sur, paraje El Chacay, denominada comercialmente como “Vina Hnos. S.R.L.”, dando como resultado el allanamiento ordenado por el doctor Eduardo Puigdéngolas, Juez Federal de San Rafael.
La pesquisa comenzó hace dos meses, luego de que se recibieran algunas llamadas en la línea 145, denunciado presunto trabajo esclavo. A raíz de eso, se abrió una causa por trata de personas por explotación laboral.
En el día de ayer, los investigadores decidieron realizar un allanamiento que contó con el apoyo de funcionarios del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Las condiciones en las que se encontraban
Durante el procedimiento, la policía Federal logró rescatar a más de 90 personas que vivían en condiciones vulnerables de habitabilidad. Se encontraban alojadas en grandes galpones y en habitaciones pequeñas, durmiendo en el suelo o en camas improvisadas armadas con pallets.
Se trata de trabajadores golondrinas, venidos del Norte de país e incluso algunas extranjeras. En un 90% de los casos no habrían estado registrados de manera regular.
Además, 4 personas que serían los responsables del emprendimiento quedaron bajo investigación por presunta infracción a la Ley de Trata de Personas. No se descarta que se concreten nuevos allanamientos ya que la empresa tendría otras fincas en la provincia.