El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales. La Casa Rosada sostiene que la iniciativa busca “actualizar el mercado de trabajo”.
El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, un período que se extenderá del 10 al 30 de diciembre y que incluirá el tratamiento de seis proyectos clave. Entre ellos, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles y debatidas, en un contexto donde el Ejecutivo asegura que los cambios permitirán “modernizar y actualizar el mercado de trabajo en la Argentina”.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno adelantó que el temario podría ampliarse en enero y febrero, con otro eventual período de sesiones extraordinarias. La agenda incluye temas fiscales, penales, ambientales y laborales, y busca avanzar en el equilibrio fiscal que la administración nacional considera “indispensable”.
El paquete enviado al Congreso contempla los siguientes ejes:
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Presupuesto 2025, que el Ejecutivo espera aprobar antes de fin de año con eventuales ajustes, pero manteniendo la meta de equilibrio fiscal.
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Modificación de la Ley de Glaciares, reclamada por varias provincias que buscan revisar los límites de zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros.
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Reforma laboral, enfocada en la jornada de trabajo, las horas extras, las vacaciones y las indemnizaciones.
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Cambios en la inocuidad fiscal, que incluye modificaciones en el impuesto a las Ganancias.
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Actualización del Código Penal, con endurecimiento de penas y revisión de la edad de imputabilidad.
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Compromiso nacional de estabilidad fiscal, una ley que buscará prohibir el déficit público y la emisión monetaria para cubrirlo.
Con estos proyectos, el Gobierno intenta sentar las bases de su programa económico y avanzar sobre reformas estructurales que considera fundamentales.
Qué propone la reforma laboral
Tras semanas de trascendidos, el texto final comenzará a circular durante las próximas horas. Sin embargo, ya se conocen los puntos centrales que generan mayor discusión:
Ampliación de la jornada laboral
La ley actual establece que los trabajadores no pueden superar las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales. La reforma permitiría extender ese límite a través de acuerdos sectoriales y del uso del banco de horas, un mecanismo que permitiría acumular horas extra para cambiarlas por dinero o por días de descanso.
Banco de horas
Hoy se permite solo una hora extra por día. Con el nuevo esquema, un trabajador podría cumplir jornadas de 10 o 12 horas y luego compensarlas con francos. El objetivo oficial es “flexibilizar la organización del tiempo de trabajo”.
Vacaciones flexibilizadas
Actualmente, se otorgan del 1 de octubre al 30 de abril. Con la reforma, cada sector podría pactar su propio calendario, aunque se mantendría la obligación de otorgar un período de descanso en verano cada tres años.
Indemnizaciones
Uno de los puntos más controversiales: el proyecto permitiría que, ante una sentencia judicial, las indemnizaciones puedan pagarse en hasta 12 cuotas, con un interés fijado por el juez. Esta propuesta genera fuerte rechazo en sectores sindicales, que advierten una pérdida de derechos.
Rol de los sindicatos
Aún no se conoce el detalle de los cambios en torno a las cajas sindicales y los aportes, pero se espera un duro debate en el Congreso. Para las centrales obreras, este será uno de los aspectos más sensibles del proyecto.
Desde el sector jurídico laboral señalan que la reforma apunta a una flexibilización profunda del régimen actual. “Los cambios más relevantes están en la extensión de la jornada, el uso del banco de horas y el nuevo esquema de vacaciones. Las empresas tendrían mayor margen de organización interna”, explicó una abogada laboralista consultada.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca “crear empleo formal”, “bajar el costo laboral” y “adaptar las reglas a las dinámicas productivas actuales”.