La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, explicó cómo funcionará en Mendoza el nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil y qué medidas se aplicarán a los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos. Aseguró que la prisión será una medida excepcional y destacó el rol de los supervisores para favorecer la reinserción.
El nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil comenzará a aplicarse en todo el país desde el 5 de septiembre y Mendoza ya trabaja en la adecuación de su sistema para atender los casos que involucren a adolescentes desde los 14 años.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, explicó que uno de los principales cambios será que los adolescentes de 14 y 15 años que cometan un delito podrán ser investigados penalmente. Hasta ahora, los menores de 16 años eran considerados inimputables.
“Un joven que lo consideramos como tal, como un adolescente, como dice el Código Civil, es un adolescente, pero que también tiene responsabilidades para con la sociedad en la que está inserto“, señaló Rus al explicar el nuevo régimen.
Uno de los puntos que deberá implementar Mendoza es el procedimiento para los adolescentes detenidos por la Policía. Rus explicó que, si un joven es aprehendido mientras comete un delito en la vía pública, será llevado a una comisaría durante el tiempo necesario para realizar su identificación y luego será trasladado a Upana, el espacio especializado para jóvenes.
Además, indicó que se buscará garantizar la separación entre los distintos grupos etarios. Los adolescentes de 14 a 16 años deberán estar separados de los de 16 a 18, dentro del esquema de responsabilidad penal juvenil.
La ministra también se refirió a los delitos cometidos por adolescentes que hasta ahora eran inimputables y destacó que no existe una incidencia significativa en hechos extremadamente graves. Según los datos mencionados por Rus, el 9% corresponde a robos y el 22% a lesiones. En tanto, durante el año pasado se registró un homicidio vinculado con un adolescente inimputable, ocurrido en un contexto de violencia intrafamiliar. “Eso no quiere decir que no tengamos que ocuparnos de este tema y que no tengamos que anticiparnos“, advirtió la funcionaria.
Para Rus, el desafío está especialmente relacionado con los jóvenes que comienzan a vincularse con el delito a edades cada vez más tempranas. También mencionó la presencia de consumos problemáticos y los contextos sociales que pueden atravesar a algunos adolescentes.
Uno de los cambios que la ministra considera más importantes es la incorporación de la figura del supervisor, que tendrá la tarea de controlar que el adolescente cumpla las medidas impuestas por la Justicia. Por ejemplo, un juez podrá establecer como parte de la sanción que el joven termine sus estudios secundarios, aprenda un oficio o realice una capacitación laboral. “Esta figura del supervisor va a ser una figura que va a controlar que ese joven cumpla con eso“, explicó Rus.
La funcionaria destacó que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar consecuencias más graves, incluso una eventual prisión efectiva, de acuerdo con lo que determine la Justicia. Rus aclaró que la aplicación del nuevo régimen no depende de la aprobación de la normativa provincial, ya que la modificación de la edad de imputabilidad surge de una ley nacional que comenzará a regir en todo el territorio argentino. “Desde el 5 de septiembre un joven de 14 años que comete un delito, el 6 de septiembre va a ser responsable por ese hecho”, explicó.
A partir de esa fecha, los tribunales de Mendoza y el fuero penal juvenil deberán intervenir en los casos de adolescentes desde los 14 años, tal como actualmente ocurre con los jóvenes de 16 y 17.
El nuevo esquema también establece cómo deberán actuar las autoridades ante casos de flagrancia, qué condiciones se deben cumplir para una prisión preventiva y cómo se resolverán las situaciones en las que participen conjuntamente mayores y menores de edad.
Por ejemplo, si un adolescente de 14 años es acusado de cometer un robo, el fiscal penal de menores podrá investigarlo como un sujeto penalmente responsable. A partir de esa investigación, la Justicia deberá determinar si corresponde una sanción y cuál será la medida adecuada.