La provincia de Mendoza presentó las primeras denuncias judiciales contra padres y tutores que no completaron el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en medio de la alerta nacional por el rebrote de sarampión y las muertes recientes por tos convulsa.
En un contexto de creciente preocupación sanitaria, el Gobierno de Mendoza decidió activar un mecanismo inédito en el país: denunciar ante la Justicia Civil a los adultos responsables de menores que no hayan cumplido con el calendario oficial de vacunación. La medida llega tras el rebrote de sarampión registrado a nivel nacional y el fallecimiento de al menos siete niños por coqueluche o Tos Convulsa en distintos puntos del país.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó que ya se concretaron las primeras denuncias judiciales, un total de diez casos, contra padres que no llevaron a sus hijos a completar el esquema de inmunización obligatorio. “Lo que buscamos es evitar situaciones que ya se están viendo en otras provincias: reaparición de enfermedades que eran totalmente prevenibles con vacunas”, señaló.
Mendoza se convierte así en la primera provincia argentina en aplicar de manera estricta, lo que establece la Ley Nacional 27.491, que declara la obligatoriedad de las vacunas y prioriza la protección de la salud pública. Las causas avanzarán en la Justicia Civil, donde cada familia deberá presentarse a una audiencia obligatoria con profesionales médicos especializados.
Allí se informará sobre los riesgos individuales y colectivos de no cumplir con el esquema de inmunización, especialmente en un momento donde el sistema sanitario alerta por el retorno de patologías que habían sido prácticamente erradicadas.
Cómo se detectaron los casos denunciados
Las autoridades explicaron que el proceso comenzó con un relevamiento en establecimientos educativos. A partir de las matrículas escolares, se identificó a los alumnos que, pese a los plazos y llamados correspondientes, aún no habían recibido las dosis obligatorias.
“Verificamos qué familias no respondieron después de un tiempo prudencial. En esos casos, y siguiendo lo que marca la ley, procedimos a realizar las denuncias”, indicaron las autoridades.
La normativa vigente contempla multas económicas que pueden ir desde 84.000 hasta 336.000 pesos, además de trabajos comunitarios o incluso hasta cinco días de arresto, aunque el objetivo principal no es sancionar, sino garantizar que los niños reciban las vacunas obligatorias.
“Las vacunas no son una discusión. Son seguras, son eficaces y están respaldadas por consenso científico. La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso y ya tuvo todo el debate necesario”, remarcó Iris Aguilar, Jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza.
El avance judicial de Mendoza ocurre en plena preocupación nacional por la reaparición de enfermedades prevenibles. Para las autoridades sanitarias, este paso busca reforzar el mensaje sobre la importancia de la vacunación como herramienta fundamental de salud pública.
“Necesitamos proteger a los menores y evitar brotes que ponen en riesgo a toda la comunidad. La vacunación en Argentina es obligatoria y la vamos a hacer cumplir”, insistieron desde el Ministerio de Salud provincial.