La iniciativa surgió tras la muerte de un niño ahogado en febrero de este año. El proyecto, que avanza en la Legislatura, apunta a establecer controles del Estado, capacitación obligatoria del personal y normas de seguridad para estos espacios, tanto públicos como privados.
Con el inicio de las escuelas de verano en Mendoza, en la Legislatura provincial avanza un proyecto de ley que busca regular su funcionamiento en todo el territorio.
La iniciativa apunta a establecer criterios obligatorios de seguridad, organización y capacitación del personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes.
María José Crimi, madre de Faustino Díaz, el niño que murió ahogado en uno de estos espacios en febrero del 2025 remarcó la importancia de esta ley para evitar que se repitan hechos similares: “Nosotros no queremos que nunca más un niño vuelva a perder la vida en manos de gente que no está capacitada, que ha sido irresponsable, por eso estamos hoy apoyando la ley de regulación de escuelas de verano para poder salir a trabajar y saber que nuestros chicos van a estar en un lugar en donde exista prevención y que van a estar en buenas manos”, señaló.
Por su parte, la senadora Adriana Cano detalló acerca de la propuesta, que apunta a establecer reglas claras para una actividad que hasta ahora carece de una normativa provincial específica. “Cuando aconteció el hecho estudiamos mucho y solo habían con las habilitaciones municipales de los predios, pero no había ninguna normativa, no había una legislación uniforme donde se implementaran requisitos mínimos que es en definitiva lo que estamos buscando. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tienen que asistir y que merecen la protección y la regulación del Estado”, explicó.
Uno de los ejes del proyecto es declarar a las escuelas de verano de interés provincial. Cano explicó que esto implica reconocerlas como espacios educativos y formativos, y no solo recreativos. “Es la continuidad al periodo de escolarización formal. Crece mucho la cantidad de niños que tienen que asistir a escuelas de verano porque los papás tienen que seguir trabajando. La regulación abarca a ambas, tanto privadas como públicas”, señaló.
La senadora también detalló que la ley establece la obligatoriedad de contar con un responsable técnico-pedagógico con título habilitante, a cargo del programa de actividades durante toda la temporada.
Además, el proyecto fija una proporción máxima de alumnos por docente y auxiliar, diferenciada según las edades y el tipo de actividad. Para niños de entre 3 y 6 años, se establece un máximo de 15 chicos en actividades terrestres y de 10 en actividades acuáticas.
En materia de seguridad, la iniciativa exige guardavidas, cierres perimetrales, planes de contingencia y capacitación del personal en rescate y reanimación. En caso de incumplimiento, se prevé la clausura inmediata del establecimiento.
Sobre los plazos legislativos, Cano recordó que el proyecto fue presentado en abril, obtuvo media sanción en el Senado a fines de octubre y ahora se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. “El Estado tiene que dar respuestas a esto, es parte de la formación de los niños, así que acompañarlos en este proceso y darle tranquilidad. No solo de seguridad a los niños, sino también a los papás que tienen que tomar esta medida”, afirmó y agregó que la ley también incluye a las escuelas de invierno.
Para cerrar, María José Grimi sostuvo que la familia continuará acompañando el proyecto y reclamando respuestas. “Nosotros estamos acá acompañando a Adriana para todo lo que necesite. Queremos que nos escuchen desde la legislatura porque necesitamos que esta causa se resuelva y estamos fuertes acá por nuestro hijo Fausti y su mamá”.
¿Qué establece la ley de regulación de las escuelas de verano?
Uno de los puntos centrales del proyecto es declarar a las escuelas de verano de interés provincial, lo que implica que el Estado asuma la responsabilidad de regular, controlar y supervisar estas actividades, entendidas como espacios educativos y formativos que complementan el ciclo escolar.
Entre los principales requisitos, la ley establece:
- Designación obligatoria de un responsable técnico-pedagógico con título habilitante, preferentemente profesor de Educación Física, a cargo del desarrollo de las actividades.
- Presentación de un proyecto pedagógico, que detalle la planificación y organización de la escuela de verano.
- Proporción máxima de alumnos por docente y auxiliar, diferenciada por edades y tipo de actividad. Para niños de entre 3 y 6 años, se fija un máximo de 15 alumnos en actividades terrestres y de 10 en actividades acuáticas.
- Garantía de inclusión de niños y adolescentes con discapacidad, con adecuaciones acordes a cada situación.
La iniciativa también exige que los establecimientos cuenten con:
- Habilitación municipal del predio, vinculada a las condiciones edilicias.
- Contratación de seguros y cobertura de responsabilidad civil, además de cobertura médica para los asistentes.
En materia de seguridad, la ley consigna como obligatorias las siguientes condiciones:
- Presencia de guardavidas en todas las actividades acuáticas.
- Cierres perimetrales en zonas de riesgo, especialmente en piletas y espacios con acceso al agua.
- Planes de contingencia y protocolos de emergencia.
- Capacitación del personal en rescate y reanimación cardiopulmonar (RCP).
Ante el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, el proyecto prevé sanciones que incluyen la clausura inmediata del establecimiento.