El Gobierno nacional avanzó con una medida que impacta de lleno en el sector vitivinícola: puso fin a los aportes obligatorios que bodegas y productores debían realizar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y dio por concluido el programa que justificaba ese esquema de financiamiento.
A través de una resolución, se estableció que ya no será obligatorio pagar la contribución vinculada al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), al considerar que dicho programa ya cumplió su ciclo. En ese marco, se instruyó a la COVIAR a presentar un informe detallado sobre lo actuado durante su ejecución.
La decisión fue impulsada por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, y respaldada públicamente por el presidente Javier Milei. El anuncio generó reacciones diversas dentro del sector, aunque predominó una valoración positiva entre productores y bodegueros.
El eje de la medida es la eliminación del aporte obligatorio que sostenía al PEVI, una contribución que se calculaba en función del precio del litro de vino. Según explicaron desde la actividad, su cobro era altamente efectivo: quienes no pagaban quedaban imposibilitados de realizar trámites administrativos esenciales, lo que en la práctica impedía operar.
Productores señalaron que este esquema había perdido sentido en el contexto actual, marcado por la caída del consumo a nivel global y las dificultades económicas de las pymes. Incluso indicaron que el aporte había aumentado por encima de la inflación en los últimos años, lo que profundizaba el malestar en el sector.
El reclamo por la eliminación de esta carga no es nuevo. Distintas cámaras empresarias venían planteando desde 2020 la necesidad de dar de baja el sistema, al considerar que el plan estratégico había finalizado sin cumplir sus objetivos.
Bodegas de Argentina celebró la medida
Desde Bodegas de Argentina celebraron la medida. Su presidenta, Patricia Ortiz, sostuvo que la decisión contribuye a desburocratizar la actividad y permite a las empresas enfocarse en la producción y la competitividad, en un contexto desafiante para la industria.
Además, cuestionó el funcionamiento de la COVIAR en los últimos años, al señalar que se alejó de su rol original de administrar los fondos del plan estratégico y avanzó con programas que, según su visión, no respondían a las necesidades del sector.
La medida no implica la disolución de la COVIAR, pero sí un cambio clave en su financiamiento: a partir de ahora, las contribuciones pasarán a ser voluntarias.
El trasfondo de la decisión también está ligado a un escenario internacional complejo. La industria vitivinícola enfrenta una caída sostenida del consumo en mercados tradicionales como Europa, Estados Unidos y Sudamérica, lo que obliga a replantear estrategias para sostener la actividad.
En ese contexto, desde el sector consideran que la reducción de costos y cargas administrativas es un paso necesario para mejorar la competitividad, especialmente ante nuevos desafíos como la mayor apertura comercial y la competencia en mercados externos.