Tras la eliminación del decreto que regulaba las cuotas de los colegios privados, el Gobierno nacional liberó los aranceles educativos. Sin embargo, en Mendoza la medida casi no tendrá impacto: la provincia mantiene su propio sistema de control y la mayoría de las instituciones seguirán con topes de aumento atados al subsidio estatal.
El Gobierno nacional oficializó una nueva medida económica que implica la desregulación de las cuotas de los colegios privados en todo el país. Con la derogación del decreto 2.417/1993, las instituciones educativas privadas podrán fijar sus aranceles sin autorización previa del Estado nacional. Sin embargo, en Mendoza, la situación será muy diferente. La DGE ya cuenta con su propio sistema de topes y controles, que se aplica a todos los colegios privados que reciben subsidio provincial. Es decir, en Mendoza las cuotas no quedarán liberadas, y el nuevo decreto no modificará la forma en la que las instituciones ajustan sus precios.
En la provincia, solo poco más de 30 colegios privados funcionan sin aporte estatal. Esos establecimientos ya fijaban sus cuotas de manera autónoma y sólo debían informar los incrementos a los padres. Con la desregulación, seguirán actuando del mismo modo, sin obligación de notificar al Gobierno nacional.
El resto de los colegios privados, unos 150 en toda la provincia, están subsidiados por el Estado mendocino y mantienen un límite legal de aumentos, que se calcula según el porcentaje de aporte estatal. Por eso, la resolución nacional prácticamente no modifica el escenario local.
El Gobierno nacional sostiene que la eliminación del control sobre cuotas y matrículas permitirá:
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Evitar grandes aumentos concentrados a principio de año.
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Habilitar ajustes graduales durante el ciclo lectivo, de acuerdo con los costos y la inflación.
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Reducir la incertidumbre financiera de los colegios.
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Promover un sistema con mayor competencia y libre fijación de precios.
Según el Ejecutivo, la regulación previa llevaba a muchas instituciones a fijar cuotas más altas “por precaución”, ante la incertidumbre económica del país.
Desde la DGE indicaron que en caso de conflictos por incrementos excesivos en cuotas o matrículas, las familias deben acudir a Defensa del Consumidor, ya que la DGE sólo interviene en el plano pedagógico.