El concejal Martín Antolín habló tras ser detenido por conducir alcoholizado en Mendoza. Reconoció su error, explicó cómo fue el control y denunció un supuesto trato desigual hacia su caso en comparación con otros funcionarios.
En plena preocupación provincial por el alcohol al volante, un nuevo episodio sacude la política mendocina. El concejal sanrafaelino Martín Antolín, del Partido Libertario, fue demorado durante la madrugada del lunes en un control policial en plena calle Arístides Villanueva, donde el test arrojó 1,15 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en Mendoza, que es de 0,5 gramos, según la Ley de Tránsito.
El episodio tuvo un condimento que amplificó el escándalo: Antolín circulaba en un descapotable sin patente y, según los policías que intervinieron, llevaba una copa de vino en la mano. El hecho derivó en sanciones inmediatas y en un fuerte repudio político.
Su versión: críticas, señalamientos y un pedido de disculpas
Tras la difusión del caso, el concejal decidió hablar públicamente. En su descargo, sostuvo que nunca imaginó superar el límite legal y que la medición lo tomó por sorpresa: “Realmente nunca pensé que la cantidad de vino que tomé en una cena podía superar los 0,5 gramos de alcohol en sangre. Pasé por un control donde me detuvo un oficial y me pidió los papeles del auto”.
Antolín relató que, al ser detenido, su pareja llevaba dos copas que les habían regalado en el restaurante y que se las entregó para evitar que se rompieran. Afirmó que esa escena fue interpretada como si él estuviera consumiendo alcohol al momento del control. “Soplé y, para mi sorpresa, me dio 1.5. Me sorprendió muchísimo”, indicó Antolín y afirmó que el oficial le aplicó la multa correspondiente.
En su declaración también apuntó contra el gobernador Alfredo Cornejo, al asegurar que existe un trato desigual hacia su caso en comparación con otros funcionarios que —según su versión— también habrían tenido episodios de alcoholemia sin recibir sanciones mediáticas ni políticas similares. Mencionó supuestos antecedentes que involucran a un juez de la Suprema Corte, a una diputada y a un concejal de Guaymallén, y sostuvo que en su caso existe “persecución”.
El juez interviniente le aplicó una multa cercana a los 4 millones de pesos, lo inhabilitó por un año para conducir y ordenó que realice un tratamiento psicológico. Paralelamente, se activó un pedido para iniciar el procedimiento de destitución previsto en la Ley 1079.
Pese a sus cuestionamientos, Antolín reconoció la gravedad del hecho: “No he dado el ejemplo, ni como ciudadano ni como funcionario público. Soy consciente de que me equivoqué y quiero pedir disculpas sinceras a los sanrafaelinos”.