La reciente aprobación de la ley de inocencia fiscal introduce cambios clave en la relación entre los contribuyentes y el fisco, con el objetivo de incentivar el uso de dólares fuera del sistema formal. Mientras el Gobierno apuesta a dinamizar la economía, la medida genera interrogantes por la confianza en los bancos y las normas que siguen vigentes para el control del origen de los fondos.
El principio de inocencia fiscal, impulsado por el Gobierno nacional y aprobado recientemente por el Congreso, ya es ley y abre un nuevo escenario en la relación entre los contribuyentes y el fisco. La norma busca incentivar la formalización de ahorros en dólares y dinamizar la economía, aunque también despierta dudas y tensiones con el sistema financiero.
En diálogo con el economista Fernando Galante, se aclaró un punto central: esta ley no es un blanqueo ni un sinceramiento fiscal. A diferencia de esos regímenes, no permite declarar activos no registrados ni condona delitos tributarios o penales. El cambio clave está en la lógica de control.
“Antes, el contribuyente era culpable hasta que demostrara lo contrario. Ahora se presume inocente y es el fisco el que debe probar una irregularidad”, explicó Galante. Ese giro se aplica especialmente a quienes adhieran al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, uno de los pilares de la ley.
Un régimen más simple y menos explicaciones
Quienes ingresen a este esquema solo deberán declarar ingresos, sin detallar consumos ni variaciones patrimoniales. Esto elimina uno de los principales focos de fiscalización histórica: la necesidad de justificar cómo se gastó el dinero o de dónde salió.
Según el economista, allí aparece el incentivo central: al no tener que explicar el origen patrimonial del consumo, se abre la puerta a que ahorros no declarados —como los dólares “debajo del colchón”— se vuelquen al circuito formal a través del gasto. “Es como si el fisco dijera: miro para otro lado, incorporá ese dinero y usalo”, graficó.
El régimen está dirigido a responsables inscriptos en Ganancias y trabajadores autónomos. Los monotributistas no pueden adherir, y además existen topes de ingresos y patrimonio para ingresar.
Bancos, UIF y un conflicto abierto
Aunque la ley plantea menos controles fiscales, no modifica otras normativas vigentes, como las de la Unidad de Información Financiera (UIF), que obliga a bancos y otros actores a verificar el origen de los fondos para prevenir delitos como el lavado de dinero.
Esto generó fricciones. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió públicamente que no se pongan trabas y sugirió operar en el Banco Nación —donde, según afirmó, no se harían preguntas adicionales—, las entidades financieras advierten que siguen siendo penalmente responsables si incumplen las reglas de la UIF.
El conflicto no se limita a los bancos: concesionarias, joyerías y escribanos también son “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas. Por eso, el ruido persiste y no se descarta que el Gobierno avance más adelante en cambios regulatorios para despejar estas contradicciones.
El objetivo: sacar los dólares del colchón
El trasfondo de la ley es claro. Tras un blanqueo de capitales que no logró el ingreso de fondos esperado, el Gobierno apuesta a que los argentinos comiencen a usar los dólares ahorrados fuera del sistema. Según datos recientes del INDEC, habría más de 254 mil millones de dólares guardados de manera informal.
En la calle, sin embargo, la respuesta es dispar. Algunos mendocinos dicen confiar en los bancos por seguridad, mientras otros recuerdan el corralito de 2001 y mantienen una fuerte desconfianza. “Eso no se borra fácil”, coinciden varios testimonios.
Para Galante, ese es el principal obstáculo. “La preocupación no es solo fiscal, es la confianza. Y la confianza se construye en el tiempo”, sostuvo. Recordó además el blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue exitoso en su momento pero luego, tras el cambio de gestión, derivó en aumentos impositivos que profundizaron la desconfianza.
La ley de inocencia fiscal ya está en marcha. Si logra su objetivo de remonetizar la economía dependerá menos de la letra chica y más de algo que no se decreta por ley: la credibilidad sostenida en el tiempo.