Médicos critican el cambio que impulsa el Gobierno para reducir las cesáreas. Cuestionan cómo se aplicará y advierten por sus consecuencias en la atención de las embarazadas.
El Gobierno de Mendoza puso en marcha un plan que apunta a reducir la cantidad de cesáreas en el sistema sanitario provincial. La iniciativa comenzaría a aplicarse a partir de mediados de año y ya generó una fuerte polémica con profesionales de la salud.
Según la nueva disposición, será el obstetra de guardia del hospital o clínica donde se produzca el parto quien esté a cargo, incluso si la mujer fue controlada durante todo el embarazo por otro médico.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca ordenar prácticas y desalentar intervenciones innecesarias. Sin embargo, distintas asociaciones médicas de Mendoza cuestionan el alcance de la decisión y aseguran que podría afectar tanto a pacientes como a profesionales.
El programa desplaza al médico que realizó el seguimiento del embarazo, lo que según advierten, rompe el vínculo previo con la paciente en un momento clave.
Jorge Ghazoul, presidente de APRESAL, fue contundente al expresar su rechazo: “Nos han prohibido atender el parto de nuestras pacientes en los ámbitos privados. Eso vulnera el derecho de la paciente a elegir a su médico y además nos está limitando en el ejercicio profesional”.
En la misma línea, el referente señaló que la medida parte de supuestos que no están comprobados científicamente y cuestionó que se responsabilice a los médicos por el aumento de cesáreas. “La gravedad es que se vulneran derechos de la paciente embarazada y quedamos frente a la sociedad como los culpables del incremento de cesáreas, y no es así”, afirmó.
Además, explicó que los cambios en los hábitos y condiciones de vida influyen en este tipo de prácticas. Según Ghazoul, se trataría de estadísticas antiguas que no reflejan la realidad actual.