Transportistas, terapeutas y familiares se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la actualización de los aranceles, ante demoras en los pagos y el riesgo de cierre de centros de día.
Transportistas, terapeutas y familiares de personas con discapacidad se concentraron frente a Casa de Gobierno para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la actualización de los aranceles del sector. La protesta se da en medio de una profunda crisis que afecta a centros de día, servicios de transporte y terapias esenciales, muchos de los cuales corren riesgo de cierre.
Según denunciaron los prestadores, existe un atraso en la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, situación que se agravó tras la suspensión de la tercera reunión del directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde debía definirse el aumento de los valores para los próximos tres meses.
“Nos abonan 540 pesos por kilómetro recorrido, cuando un metro cúbico de GNC cuesta 600 pesos. Es insostenible”, explicaron desde el sector de transportistas, señalando que el retraso en los pagos, que puede superar los 90 días, deja a los prestadores en una situación límite.
En tanto, responsables de centros de día advirtieron que muchas instituciones están solventando los costos con recursos propios, mientras que varias terapias han debido suspenderse por falta de fondos. “Sin transporte ni pagos en tiempo, no podemos seguir funcionando. Las personas con discapacidad son las más perjudicadas”, lamentaron.
Familiares presentes en la manifestación denunciaron que se están cerrando escuelas especiales y centros de día. “Mi nieto va a perder su calidad de vida. No puede dejar de asistir a su institución, donde avanza con esfuerzo todos los días”, expresó un abuelo durante la protesta.
En paralelo, se conoció que la Andis deberá restablecer las pensiones no contributivas por discapacidad en todo el país, tras una orden judicial dictada en Catamarca. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el problema no se resuelve solo con ese fallo, sino con una política integral y sostenida de atención y financiamiento al sistema de discapacidad.