El anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre un proyecto para “arancelar los servicios de educación universitaria y salud a estudiantes extranjeros no residentes en Argentina” generó una enorme polémica. Esta propuesta, que aún debe pasar por el Congreso, busca restringir la gratuidad de la educación.

Julio Aguirre, el secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que actualmente la institución cuenta con “35.000 estudiantes, de los cuales un poco más de 900 son extranjeros“. Sin embargo, destacó que “la enorme mayoría, más de 750, son residentes permanentes en Mendoza“. Según Aguirre, esto significa que, de aprobarse la medida, “solo entre 150 y 160 estudiantes no residentes se verían afectados”.

Aguirre señaló además que este proyecto requeriría “modificar tanto la Ley de Educación Superior como la Ley Migratoria“, lo cual podría generar conflictos legales. “Hay una equiparación constitucional de los derechos de los residentes permanentes con los ciudadanos argentinos“, aseguró, y agregó que cualquier cambio debería “ser debatido en el Congreso”.

Por otro lado, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Mendoza, su decano indicó que tras un relevamiento realizado este año, “la mayoría de los estudiantes extranjeros ya son residentes permanentes, por lo que el impacto del proyecto sería limitado“. Además, recordó que “algunas tecnicaturas y licenciaturas ya cuentan con aranceles establecidos”.

Según informaron, la implementación podría darse recién en 2026, ya que “las leyes no suelen ser retroactivas” y la inscripción para 2025 ya está en proceso.