La ley ya fue aprobada y solo resta su promulgación. Permitirá que imágenes aportadas por ciudadanos sean analizadas por el Estado y validadas por la Justicia antes de aplicar sanciones.
La provincia de Mendoza avanza hacia un cambio en la forma de controlar las infracciones viales. La Legislatura sancionó una ley que habilita el uso de fotos y videos tomados por ciudadanos como prueba para sancionar a conductores que violen las normas de tránsito.
La medida no implica una nueva ley de tránsito, sino una modificación que incorpora un artículo específico para darle respaldo legal a este tipo de evidencia, algo que hasta ahora no tenía un marco claro para ser utilizado en procesos administrativos.
El proyecto, impulsado por el senador provincial Germán Vicchi, comenzó a debatirse en 2024, obtuvo media sanción y finalmente fue aprobado este año. Solo resta que el Poder Ejecutivo lo promulgue para que entre en vigencia.
“Lo que estamos buscando es generar una herramienta para que el Estado pueda prevenir accidentes de tránsito”, explicó Vicchi. En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a ordenar el uso de material que hoy ya circula: “La ciudadanía habitualmente sube imágenes a sus redes y lo que hacemos es dar un marco legal para el manejo de esa información”.
El objetivo principal es fortalecer la prevención de accidentes mediante una mayor participación ciudadana. En la práctica, cualquier persona que presencie una infracción podrá enviar imágenes o videos a un canal oficial que sería vía WhatsApp para que sean analizados.
“El paso a paso es que un ciudadano vea una infracción y pueda enviar ese material. Pero es importante aclarar que no puede hacerlo quien conduce, porque eso ya es una falta grave”, detalló el legislador.
Desde el Gobierno aclararon que ese material no constituirá una denuncia directa ni tendrá validez automática. Primero será evaluado por el Ministerio de Seguridad, que verificará su autenticidad y contexto utilizando herramientas tecnológicas. Luego, si corresponde, se elaborará un informe que será enviado al juzgado vial. “Ese envío no termina en una sanción directa. Hay un análisis previo del Ministerio de Seguridad y después interviene el juez vial, que es quien decide si corresponde o no aplicar la multa”, explicó Vicchi.
Será el juez quien determine si hay elementos suficientes para aplicar una sanción. En ese proceso, el presunto infractor mantendrá el derecho a defensa, tal como ocurre con cualquier multa tradicional. “Acá no estamos cambiando nada del debido proceso. Como en cualquier multa, la persona va a poder hacer su descargo”, sostuvo.
En cuanto a la responsabilidad, la sanción recaerá sobre el titular del vehículo cuando no sea posible identificar al conductor al momento de la infracción. “El responsable es el titular registral cuando no se puede determinar quién manejaba”, precisó.
Otro aspecto contemplado es la posibilidad de que quien envíe el material pueda ofrecerse como testigo, lo que permitiría reforzar el proceso en caso de ser necesario.
También, remarcan que el sistema contará con un doble control: administrativo y judicial, para evitar abusos o denuncias falsas. “Hay recursos para analizar el material y detectar, por ejemplo, si fue manipulado o generado con inteligencia artificial”, indicó.
Si bien no hay una fecha exacta, se estima que la ley podría promulgarse en las próximas semanas. “Entiendo que en unos 30 días podría estar promulgada”, anticipó Vicchi. A partir de allí, el Ministerio de Seguridad definirá los detalles de implementación y los canales oficiales para el envío de material.
Según explicó el senador, la medida estará acompañada por campañas de concientización. “Lo que busca esta ley no es recaudar, sino prevenir y evitar maniobras imprudentes que pongan en riesgo la vida de los demás”, concluyó.