Aunque poco frecuentes, las masacres escolares en Argentina reavivan el debate sobre el bullying, la salud mental adolescente y el rol de la comunidad educativa en la detección temprana de conductas de riesgo. Especialistas advierten sobre la falta de políticas integrales y la necesidad de reforzar la dimensión socioafectiva en las escuelas.
En los últimos días, una alumna entró a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, disparó al aire y se atrincheró en el establecimiento educativo por más de cinco horas. Un hecho que volvió a poner en agenda el tema de las masacres escolares en Argentina, un fenómeno que, aunque aislado, genera conmoción y abre interrogantes sobre el bullying, la violencia escolar y la salud mental en los adolescentes.
Los hechos de violencia con armas en escuelas argentinas siguen siendo excepcionales, pero generan alarma cada vez que se repiten. Uno de los primeros episodios que se registró en el país nos remonta a mayo de 1997, cuando un adolescente de 14 años tomó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Fue un caso inédito en América Latina que abrió el debate sobre la tenencia segura de armas en hogares con menores.
Los casos de Rafael Calzada y Carmen de Patagones
El 4 de agosto de 2000, en Rafael Calzada, un alumno de 19 años disparó con un revólver calibre .22 frente a la Escuela de Educación Media N.º 9, hiriendo a dos compañeros, uno de los cuales murió dos días después. La investigación judicial, que se conoce como “Pantriste”, como sus compañeros le decían a Javier Ignacio Romero, autor de los disparos, introdujo por primera vez el bullying como factor de análisis y derivó en protocolos para atender el hostigamiento sostenido.
Cuatro años más tarde, el 28 de septiembre de 2004, ocurrió el ataque más letal del país en Carmen de Patagones. Un alumno de 15 años ingresó con una pistola Browning 9 mm, mató a tres estudiantes y dejó cinco heridos. Este hecho marcó un antes y un después en las políticas de convivencia escolar y salud mental adolescente, así como en la custodia de armas reglamentarias.
Tras casi dos décadas sin ataques letales, en 2023 se produjo un hecho de alto riesgo en Florencio Varela. Una alumna de 16 años llevó una pistola Bersa .380 y 150 municiones a la escuela, pero la rápida intervención del personal evitó una tragedia. Ese caso puso en foco la necesidad de reforzar los vínculos entre equipos de orientación escolar, familias y salud mental.
En abril de 2025, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó en WhatsApp un plan de tiroteo con armas disponibles en el entorno familiar. La denuncia de padres permitió a la Justicia actuar a tiempo, dictando medidas de restricción y charlas preventivas en escuelas del distrito.
El caso en Mendoza: una alumna llevó un arma a la escuela, disparó al aire y se atrincheró por cinco horas
El episodio más reciente tuvo lugar en La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó a la Escuela Marcelino H. Blanco con una pistola 9 mm. Según fuentes policiales, pertenecía a su padre, quién es policía en San Luis. La adolescente efectuó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio. Tras horas de negociación, equipos especializados lograron evacuar a estudiantes y docentes sin heridos.
Para los expertos, la escuela es un espacio clave para identificar señales de alerta. Docentes, preceptores, psicopedagogos y familias deben trabajar en conjunto para detectar cambios de conducta, problemas de integración o conflictos interpersonales que puedan escalar. Sin embargo, reconocen que en las últimas décadas se ha priorizado la enseñanza de áreas instrumentales como Lengua y Matemática, relegando la dimensión socioafectiva, fundamental para fortalecer la convivencia.
En Argentina, estudios recientes de organizaciones como Argentinos por la Educación advierten que seis de cada diez alumnos de sexto grado reportan haber sufrido algún tipo de agresión escolar, aunque no siempre pueda clasificarse como bullying. “Es urgente reconstruir el lazo social y enseñar habilidades socioemocionales en la escuela”, señalan especialistas consultados.
Además, subrayan que no se trata solo de aplicar sanciones o protocolos, sino de prevenir. Para eso proponen programas de mediación escolar, talleres de empatía, espacios de escucha activa y la formación docente en gestión de conflictos. También plantean que las familias deben asumir un papel activo, comunicándose más con sus hijos e hijas y prestando atención a los cambios en su comportamiento cotidiano.