Organizaciones, prestadores y familias advierten sobre recortes en derechos y convocan a una movilización frente a Casa de Gobierno para este miércoles.
La presentación de un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad a nivel nacional encendió las alarmas en Mendoza y en todo el país. La iniciativa, que busca modificar aspectos centrales de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad genera fuerte preocupación entre personas con discapacidad, familias y prestadores, quienes denuncian posibles retrocesos en derechos adquiridos y una profundización de la crisis en el sector.
Qué propone el nuevo proyecto de Ley de Discapacidad
El proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional plantea cambios estructurales en el sistema actual. Entre los puntos más cuestionados se destacan:
- La implementación de un reempadronamiento obligatorio para quienes perciben pensiones por discapacidad, con suspensión automática para quienes no cumplan el trámite.
- La derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantizaban la universalidad de las prestaciones.
- La eliminación del nomenclador de prestaciones, que fijaba valores mínimos para los servicios.
- La desregulación de aranceles, lo que implicaría que cada prestador negocie directamente con obras sociales o prepagas.
- La incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el acceso a un empleo formal.
Según advierten especialistas, estas modificaciones podrían afectar el acceso a tratamientos, terapias y servicios esenciales.
Preocupación en Mendoza por el impacto en prestaciones
En Mendoza, referentes del colectivo de discapacidad alertaron que la situación ya es crítica incluso antes de la posible aprobación de la nueva ley. Denuncian un retraso arancelario cercano al 40%, además de demoras en los pagos que llegaron a extenderse por más de 100 días, afectando el funcionamiento de instituciones y profesionales.
“Venimos de una crisis estructural que lleva años. Este proyecto no hace más que agravarla”, señalaron desde el sector, remarcando que el sistema actual ya presenta serias dificultades para sostener la atención.
Frente a este escenario, organizaciones y familias convocaron a una movilización en Mendoza para visibilizar la problemática. La concentración está prevista frente a Casa de Gobierno, donde reclamarán la revisión del proyecto y la garantía de los derechos adquiridos. El objetivo es alertar sobre lo que consideran un retroceso en materia de inclusión, acceso a la salud y protección social.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el cambio en el sistema de pensiones por discapacidad, que volvería a un esquema basado en la invalidez laboral. Esto implicaría dejar atrás el enfoque de derechos y podría excluir a personas que hoy acceden a estos beneficios. Además, la prohibición de compatibilizar la pensión con un empleo formal genera preocupación, ya que limitaría las oportunidades de inserción laboral.