La iniciativa busca modificar la aplicación de la prisión preventiva en causas por abuso sexual y violencia de género, exigiendo pruebas científicas y objetivas antes de dictar una detención. Además, apunta a abordar el impacto de las denuncias falsas en el sistema judicial mendocino.
En Mendoza se presentó un proyecto de ley que busca modificar cómo se aplica la prisión preventiva en causas por abuso sexual y violencia de género. La propuesta apunta a que esta medida solo se ordene cuando existan pruebas concretas, objetivas y científicas que acrediten el hecho denunciado.
La iniciativa surge a partir de reclamos de familiares y organizaciones que denuncian detenciones injustificadas. En los últimos años, aseguran, hubo casos en los que la prisión preventiva se aplicó sin pruebas concretas, lo que derivó en graves consecuencias personales y familiares.
Quienes impulsan el proyecto sostienen que en la práctica, estas medidas se aplican de forma automática, sin evidencia firme. Actualmente, una persona puede ser detenida hasta 48 horas tras una denuncia. Si en ese tiempo la Justicia encuentra elementos que la vinculen con el hecho, se formaliza la imputación. Luego, el acusado puede seguir detenido hasta un máximo de diez días, hasta que se resuelva si corresponde o no la prisión preventiva.
Desde el ámbito político, el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) acompañó la propuesta y explicó los motivos del proyecto:“Nosotros lo que estamos planteando es que haya pruebas objetivas antes de esa detención en este tipo de causas, porque muchas veces se da que luego de varios meses o años inclusive, son sobreseídos por no haber pruebas, pero con consecuencias indelebles para la persona que ha estado preso injustificadamente. Esto de resolver todo con perspectiva de género, yo creo que a veces ha llevado a que muchos operadores judiciales y magistrados se alejen de la perspectiva de justicia, que es equilibrar la balanza”, sostuvo.
Desde el punto de vista jurídico, el abogado de la Asociación Verdad y Justicia, Santiago Nieto, remarca la necesidad de respaldar toda medida cautelar con evidencia científica:“Lo que buscamos es abandonar ya un paradigma anterior, que era creer en el relato para abrazar un paradigma más científico que necesita sí o sí para la prisión preventiva, pedir que existan evidencias objetivas y científica.Pueden haber mensajes de whatsapp, un ADN, una inspección física del cuerpo médico forense, de algún tipo de agresión. En el contexto de la disolución de pareja y en los contextos de divorcio conflictivo, el 40% son denuncias falsas”, argumentó.
La propuesta cuenta con el apoyo de la Asociación Verdad y Justicia, integrada por familias que aseguran haber vivido situaciones similares. Una de sus fundadoras, Graciela Madaf, recordó cómo surgió el movimiento.“Yo empecé esta asociación con la señora Nancy Andrés Túnez, cuando nos encontramos en la fila de San Felipe, donde taban nuestros hijos detenidos por una falsa denuncia. Ellos estuvieron tres años y 14 días hasta que llegó el Día del Juicio y salieron absueltos, pero nadie les quitó los tres años que estuvieron ahí”.