La acumulación de autos secuestrados y abandonados en calles, veredas y playas policiales es un problema histórico en Mendoza. Ahora, el Gobierno provincial anunció un plan para retirarlos y liberar espacios en toda la provincia.
Luego del video del sacerdote Daniel Caballero donde expuso la presencia de vehículos involucrados en siniestros viales en Rivadavia, la acumulación de autos secuestrados y abandonados en calles, comisarías y depósitos judiciales es un problema que se repite en distintos puntos de Mendoza. Estos rodados, que en muchos casos permanecen durante años sin resolución, generan conflictos con vecinos, ocupan espacios públicos y se convierten en blanco de vandalismo y robos.
En zonas residenciales o comerciales, la presencia de autos siniestrados añade una dimensión más sensible: su exposición constante puede afectar emocionalmente a las víctimas de esos accidentes y a sus familias que pasan por la zona y ven los vehículos destrozados allí parados.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial anunció que se encuentra en proceso de licitación para tercerizar la gestión de estos vehículos, desde el momento del secuestro o traslado hasta la resolución judicial que determine su destino final.
Un plan para evitar la acumulación y liberar recursos policiales
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Ruz, recordó que el año pasado se limpió por completo la vieja playa San Agustín como parte de un proyecto de seguridad pública que apunta a evitar la acumulación de rodados retenidos. “El objetivo es claro: no queremos policías custodiando chatarra. Necesitamos que estén en la calle, cuidando a la gente”, subrayó Ruz.
Desde 2024, el plan ya logró compactar más de 8.000 toneladas de chatarra, lo que equivale a 31.000 vehículos. Ahora, con la licitación en marcha, se busca que una empresa privada se haga cargo del traslado, almacenamiento y disposición final de los autos que queden bajo jurisdicción de la Policía Vial.
Varios municipios, como Guaymallén y Godoy Cruz, ya se sumaron a la iniciativa, por lo que el mismo operador que gestione los vehículos secuestrados por la Policía Vial también lo hará con los retenidos por preventores municipales.
Además, el plan prevé que puedan adherirse el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, que poseen un importante volumen de vehículos vinculados a causas penales.