El Gobierno aplicó el protocolo antipiquetes durante una nueva marcha de jubilados en el Congreso. Hubo momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad impidieron el corte de calles.
Como cada miércoles, jubilados, pensionados y organizaciones sociales se movilizaron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir mejoras en los haberes previsionales. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la aplicación del protocolo antipiquetes, ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que desató momentos de tensión y forcejeos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Desde hace más de un año, los jubilados llevan adelante protestas semanales para reclamar una recomposición en sus ingresos, duramente golpeados por la inflación y los recortes en prestaciones. En esta oportunidad, además de los adultos mayores, la marcha contó con la participación de sectores gremiales, movimientos sociales y partidos de izquierda, que acompañaron la movilización en un contexto de creciente conflictividad social.
La protesta avanzó sin incidentes durante gran parte de la mañana. Sin embargo, pasadas las 13 horas, un grupo de manifestantes intentó cortar la Avenida Callao, lo que activó la respuesta de las fuerzas de seguridad. Efectivos de la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervinieron de inmediato, formando cordones para evitar la interrupción del tránsito.
El despliegue policial fue contundente. Con motos y escudos, los efectivos comenzaron a desplazar a los manifestantes hacia las veredas. Según testigos, se produjeron empujones y forcejeos entre los manifestantes y los uniformados, aunque no hubo detenidos ni incidentes graves.
En medio del operativo, un camarógrafo que documentaba la protesta fue atropellado por un agente motorizado de la Policía. El trabajador cayó al suelo, generando preocupación entre sus colegas y los manifestantes. Aunque el impacto no tuvo consecuencias de gravedad, el hecho sumó tensión a la jornada y provocó críticas contra el accionar de las fuerzas de seguridad.
El protocolo antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que las fuerzas del orden deben actuar de inmediato para evitar bloqueos de calles y garantizar la circulación del tránsito. En este caso, la medida se aplicó sin que la protesta llegara a cortar completamente la avenida, pero generó un clima de tensión entre los manifestantes.
El reclamo de los jubilados y el contexto de conflictividad social
La situación económica sigue siendo el eje del reclamo de los jubilados. Con haberes que se encuentran muy por debajo de la canasta básica para la tercera edad, los pensionados denuncian que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo los han llevado a una crisis sin precedentes.
Actualmente, la jubilación mínima, incluyendo los bonos adicionales, se encuentra en $355.792,67, mientras que la canasta básica para un adulto mayor supera los $600.000, según estimaciones privadas. Además, las subas aplicadas por el Gobierno no han logrado compensar la inflación, lo que profundiza el descontento del sector.
La marcha de jubilados dentro de dos semanas coincidirá con la medida de fuerza de la CGT prevista para el 10 de abril. Se trata del tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, que incluirá movilizaciones, cortes y una huelga de 36 horas.