La Fiscalía de Estado de Mendoza cuestionó con dureza el procedimiento llevado adelante por el Ministerio de Seguridad para contratar el servicio de alimentación en complejos penitenciarios. Señalan desprolijidades, falta de control, errores en la evaluación de ofertas y omisión de normas clave en una compra millonaria.
Una compra millonaria destinada a cubrir la alimentación en cárceles de Mendoza generó una fuerte polémica tras un informe crítico de la Fiscalía de Estado, que advirtió sobre irregularidades en el proceso de contratación llevado adelante por el Ministerio de Seguridad.
El expediente, que involucra una suma de $56.400 millones (unos 50 millones de dólares), tenía como objetivo la provisión de viandas diarias para las personas privadas de libertad y el personal del Servicio Penitenciario durante dos años. Sin embargo, el procedimiento terminó bajo la lupa del organismo que encabeza el fiscal Fernando Simón.
La historia comenzó el 9 de enero, cuando el Gobierno provincial lanzó una licitación pública para contratar un servicio de cuatro comidas diarias por 24 meses. El 29 de enero, tras la apertura de sobres, el proceso fue declarado desierto, ya que sólo se presentó una empresa formalmente: Bio Limp Soluciones de Calidad SA. La histórica prestataria del servicio, Clisa Interior SA, no participó alegando un “problema técnico”.
El Ministerio de Seguridad argumentó que Bio Limp no había presentado la garantía de mantenimiento de oferta, lo que motivó la caída del proceso. Sin embargo, semanas después, se inició una contratación directa y allí sí Clisa presentó una oferta de $54.246 millones, por debajo del presupuesto oficial. Bio Limp también participó, pero con un monto superior: $59.552 millones.
Tras una queja formal de Bio Limp, la Fiscalía de Estado de Mendoza analizó el expediente y determinó que la garantía sí fue presentada y que el rechazo inicial se basó en fundamentos inconsistentes. A pesar de eso, concluyó que la oferta de la empresa igualmente debía ser rechazada por otras deficiencias técnicas, como la falta de habilitaciones y documentación clave en la provincia.
Aunque la adjudicación a Clisa es legal, el procedimiento estuvo marcado por una falta de transparencia, ya que el expediente nunca fue enviado al órgano de control en tiempo y forma, lo cual constituye una falta grave.
“El Estado debe actuar con orden y legalidad. Estamos hablando de recursos públicos y montos millonarios que exigen un control riguroso”, expresó en el dictamen, donde también se solicitó la intervención de la Oficina de Ética Pública y del Tribunal de Cuentas para que analicen posibles responsabilidades de los funcionarios que participaron del proceso.
Advertencia por incumplimientos y pedido de investigación
Entre las observaciones más relevantes, la Fiscalía remarcó el apartamiento de las normas de contratación pública y la demora en notificar al órgano de control. También recomendó que el Ministerio de Seguridad detalle, en su respuesta formal, todos los incumplimientos detectados en la oferta de Bio Limp para garantizar el derecho a defensa y el debido proceso.
Pese a la gravedad del caso, desde el Ministerio evitaron hacer declaraciones públicas. Fuentes oficiales confirmaron que ningún funcionario hablará sobre el tema mientras continúen las evaluaciones internas.
Esta licitación representa una de las contrataciones más grandes del Gobierno provincial en los últimos años. Por su magnitud, el caso pone nuevamente en discusión la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y legalidad en la administración pública.