El Gobierno provincial presentó una iniciativa para que quienes sean rescatados por imprudencia o falta de preparación en zonas de alta montaña deban afrontar los costos del operativo. Parte de lo recaudado será destinado a fortalecer a la UPRAM.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone habilitar el cobro de operativos de rescate en alta montaña, cuando estos se produzcan por negligencia de las personas asistidas. La medida apunta a cubrir los altos costos de despliegue que implican estas acciones y a promover una mayor responsabilidad entre quienes practican actividades en zonas de riesgo.
La iniciativa contempla la incorporación de un artículo 26 bis a la Ley Provincial N° 6.722, mediante el cual se establecerá un cargo económico para quienes deban ser rescatados por no haber tomado las precauciones necesarias. Este monto será determinado anualmente por la Ley Impositiva, teniendo en cuenta variables como la cantidad de efectivos movilizados, el uso de drones, helicópteros o equipamiento especializado, así como el nivel de riesgo asumido y la existencia —o no— de medidas de seguridad previas por parte de la persona auxiliada.
Uno de los puntos centrales es que al menos el 50% de lo recaudado será destinado a la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y capacidad operativa. Desde el Ejecutivo explicaron que este tipo de intervenciones implica un despliegue costoso y complejo, y que muchas veces son provocadas por decisiones imprudentes o la falta de elementos básicos como geolocalizadores, teléfonos satelitales o indumentaria adecuada.
Además de la UPRAM, la Policía de Mendoza cuenta con otros equipos especializados como el Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y la División de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que actúan frecuentemente en la Cordillera de los Andes, uno de los escenarios más exigentes del país en cuanto a rescates.
La propuesta no establece obligatoriedad generalizada, pero sí fija criterios objetivos para determinar si el operativo debe ser abonado por el rescatado. De aprobarse la ley, se implementará un protocolo de evaluación posterior a cada intervención para definir si hubo negligencia y en qué grado.