En medio de la campaña electoral, el Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal tras la difusión de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia. Un juez federal ordenó frenar la publicación del material y desató fuertes críticas por censura previa.
Las últimas horas estuvieron marcadas por un nuevo escándalo político que golpea de lleno al oficialismo. La difusión de audios filtrados vinculados a presuntos pedidos de coimas en la Dirección Nacional de Discapacidad terminó derivando en un expediente que ahora salpica a la propia Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente Javier Milei.
En un primer momento, las grabaciones señalaban al exfuncionario Diego Spagnuolo, pero con el correr de los días se conocieron fragmentos en los que aparece mencionada la secretaria general de la Presidencia. Según trascendió, en esos audios la funcionaria pedía “unidad” de cara a las elecciones, aunque desde Casa Rosada sostienen que detrás había una operación para filtrar material más sensible en plena campaña.
El Ejecutivo reaccionó de manera inmediata y denunció la existencia de una maniobra de inteligencia ilegal, con escuchas dentro del propio ámbito presidencial. La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, a través del abogado Fernando Soto.
El caso quedó en manos del juez federal, civil y comercial Alejandro Maraniello, quien en una medida controvertida ordenó la prohibición de difundir nuevos audios, argumentando que podrían poner en riesgo intereses del Estado.
La decisión generó un fuerte rechazo en ámbitos periodísticos y judiciales. Referentes advirtieron que se trata de un claro caso de censura previa, incompatible con la Constitución Nacional y con tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la libertad de prensa y el derecho a la información.
Además, la figura del juez Maraniello es cuestionada: sobre él pesan nueve denuncias, cinco de ellas por presunto abuso sexual, lo que incrementa la controversia en torno a su fallo.
En el oficialismo temen que la filtración de nuevos audios pueda tener impacto en las elecciones del 7 de septiembre, donde se pondrá a prueba la fuerza electoral de Milei. Según trascendió, los allanamientos ordenados alcanzaron al periodista Jorge Rial y a productores de streaming que habrían difundido parte del material.
Mientras tanto, el Gobierno nacional acusó a sectores de la oposición y a actores externos de impulsar la operación, con supuestas conexiones con ex servicios de inteligencia rusos y vínculos con Venezuela.