El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se impulsará una reforma que eliminaría el agravante por razones de género en los homicidios. La medida genera fuertes debates en un país donde los femicidios siguen siendo una problemática crítica.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno nacional trabajará en la eliminación de la figura jurídica de “femicidio” del Código Penal. Según explicó el funcionario, esta iniciativa responde al principio de igualdad ante la Ley, en línea con lo que sostiene la Constitución Nacional.
“Defendemos que la política tiene que ser igual para todos, con paridad entre hombres y mujeres. La Constitución no establece privilegios legales para ningún género, y ninguna vida vale más que otra”, afirmó Cúneo Libarona en declaraciones televisivas, replicadas también en sus redes sociales.
La figura de femicidio fue incorporada al Código Penal en 2012 mediante la Ley 26.791, como un agravante para homicidios cometidos por razones de género, y está contemplada en el artículo 80, inciso 11. Su eliminación marcaría un giro en la política de género en Argentina.

El ministro también cuestionó al feminismo, calificándolo como una “distorsión del concepto de igualdad”. En su mensaje, respaldó el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde se criticó al feminismo radical y otras causas como herramientas utilizadas para “expandir el Estado y erosionar la libertad individual”.
Cúneo Libarona aseguró que el movimiento feminista se ha utilizado para “desmedrar al hombre y justificar privilegios legales”. Según el funcionario, la nueva orientación del Gobierno apunta a garantizar un trato igualitario para todos los ciudadanos, sin importar su género, eliminando las distinciones legales que consideran innecesarias.
Cambios en las políticas de género
La eliminación de la figura de femicidio forma parte de un paquete más amplio de reformas a las políticas de género que impulsa la actual administración. Entre las medidas propuestas también se encuentra la intención de derogar leyes como la de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario y la Ley de Paridad Electoral (Nº 27.412), entre otras normativas vigentes.
Desde el Gobierno justificaron estas iniciativas señalando que el Estado “no puede atender a cada sector que se considere minoritario”, una postura que busca priorizar una visión de igualdad sin distinciones legales entre hombres y mujeres.
La propuesta llega en un escenario alarmante. Según estadísticas, en 2024 se registraron 255 femicidios en el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 29 horas. Estos datos han generado una fuerte reacción por parte de organizaciones feministas y de derechos humanos, que advierten sobre el impacto de esta medida en la protección de las mujeres frente a la violencia de género.
La iniciativa ha despertado intensos debates en la sociedad y en el ámbito político. Mientras que desde el oficialismo insisten en que se trata de una medida que refuerza la igualdad, los críticos aseguran que eliminar el agravante por femicidio podría debilitar la respuesta judicial frente a los casos de violencia machista.
Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de análisis, pero las voces en contra y a favor prometen que el tema seguirá siendo eje de discusión en los próximos meses.