El fallo sobre celulares en cárceles reavivó la tensión entre el juez Sarmiento y el Gobierno, que evalúa pedir su destitución por decisiones judiciales polémicas.
Una reciente decisión judicial reavivó el conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial en Mendoza. El juez Sebastián Sarmiento, titular del Juzgado de Ejecución Penal, resolvió suspender temporalmente el retiro de celulares a los internos de las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, medida que desató una fuerte reacción por parte del Gobierno provincial y generó tensiones en el ámbito penitenciario.
El magistrado fundamentó su fallo en el incumplimiento de una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que establecía como condición para el retiro de dispositivos móviles la instalación de terminales telefónicas que permitieran a los reclusos comunicarse con sus familiares y defensores. Sarmiento aseguró que esa exigencia no fue cumplida por el Servicio Penitenciario y, por tanto, ordenó suspender la medida de forma preventiva hasta que se garantice esa conectividad básica.
“La Corte fue clara: no se pueden retirar los celulares si antes no se instala una alternativa de comunicación. Esa condición no fue cumplida”, explicó el juez, respaldando su decisión en criterios de legalidad y derechos humanos.
Desde el Ejecutivo, la respuesta no tardó en llegar. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, calificó el fallo como un exceso de atribuciones y acusó a Sarmiento de intervenir sobre un tema ya resuelto por la máxima autoridad judicial. “No vamos a cambiar nuestra política penitenciaria. Este fallo es inentendible”, sostuvo Rus, quien también remarcó los vínculos entre el uso de celulares en las cárceles y el accionar de bandas criminales, estafas y tráfico de estupefacientes.
El conflicto escaló cuando la vicegobernadora Hebe Casado anunció que el oficialismo está evaluando pedir el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento. Según argumentan desde el Gobierno, existen antecedentes que cuestionan su accionar en otros fallos judiciales, que sumarían razones para impulsar su destitución.
Fallos polémicos y antecedentes judiciales
Uno de los principales antecedentes que el oficialismo pondrá sobre la mesa es el caso de Héctor Pelayes, un ex policía asesinado durante un intento de robo en Guaymallén en septiembre de 2024. El autor del crimen, Roberto Carlos Pereyra, gozaba de libertad condicional otorgada por Sarmiento en 2023, pese a haber sido condenado por homicidio en ocasión de robo, delito que no admite ese beneficio según el artículo 14 del Código Penal. El juez consideró esa normativa como inconstitucional y no tuvo en cuenta un informe técnico que advertía el riesgo de liberar al interno.
Otro fallo controvertido fue el del asesinato de Héctor Osvaldo Quiroga en 2019, también a manos de un delincuente liberado bajo régimen condicional por decisión de Sarmiento. En este caso, el recluso Cristian Segundo Reina Flores fue beneficiado pese a que tres organismos técnicos desaconsejaron su salida. En 2020, fue condenado a prisión perpetua por homicidio criminis causa.
El tercer episodio que el Ejecutivo menciona como parte del deterioro de la imagen del juez es el caso del influencer Luis Fernando Arce, conocido como Luisito 420, detenido por conducir una moto robada y realizar maniobras temerarias. En lugar de avanzar con una condena, Sarmiento le otorgó la suspensión del juicio a prueba, permitiéndole evitar una pena efectiva.
Para el Gobierno provincial, estas decisiones reflejan una conducta judicial repetidamente permisiva que pone en riesgo la seguridad pública y, por eso, consideran que hay fundamentos suficientes para activar un proceso de destitución.