Una vicedirectora de una escuela de Tupungato fue imputada por distribución de material de abuso sexual infantil, luego de que una investigación internacional iniciada en California detectara contenido ilegal compartido desde Argentina.
Una vicedirectora de una escuela de Tupungato fue imputada por distribución de material de abuso sexual infantil, tras una investigación que comenzó a miles de kilómetros, en California, Estados Unidos, y que terminó con un allanamiento en su domicilio. Según la causa, en al menos tres dispositivos electrónicos de la acusada se encontró material que estaba siendo compartido a través de Google Drive y redes sociales.
La investigación se activó cuando Google detectó la subida de contenido relacionado con abuso sexual infantil desde un dispositivo localizado en Argentina. Por ley, la empresa reportó el hecho al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización internacional que combate este delito.
El NCMEC envió la información, incluyendo la dirección IP, datos del usuario y el material incautado, al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal en Buenos Aires. Desde allí, el caso pasó a la Unidad Fiscal del Valle de Uco, a cargo del fiscal Pablo Fossaroli, quien ordenó el allanamiento y el secuestro de celulares, tablets y pendrives.
La mujer ocupaba el cargo de vicedirectora en una institución educativa con más de 500 estudiantes, pero no estaba a cargo de un aula. Tras conocerse la imputación, la Dirección General de Escuelas (DGE) la apartó de sus funciones habituales y la reasignó a un puesto administrativo, sin contacto con menores. Además, se inició un sumario interno mientras avanza la causa judicial.
La imputación se enmarca en el artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. La causa permanece bajo secreto de sumario y, por el momento, no se difundieron datos personales adicionales de la acusada.
El material incautado está siendo sometido a peritajes tecnológicos para confirmar el alcance de la distribución y determinar si existen más personas involucradas. La imputada recuperó la libertad tras pagar una fianza, pero continúa sujeta a las medidas judiciales.