La causa que involucró a una docente de Tupungato dio un giro inesperado: el Ministerio Público Fiscal solicitará su sobreseimiento tras confirmarse que en su celular no había material comprometedor. La mujer había sido detenida en agosto luego de una alerta internacional.
La causa que involucra a la docente de Tupungato imputada por distribución de material de abuso sexual infantil dio un giro en las últimas horas. El Ministerio Público Fiscal pedirá su sobreseimiento, luego de que las pericias realizadas a su celular no arrojaran pruebas que la comprometan directamente con el delito.
La mujer había sido detenida el 7 de agosto, tras una alerta de Google que detectó la carga de un archivo sospechoso en una cuenta vinculada a YouTube. La denuncia fue trasladada al país a través del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, lo que derivó en un allanamiento en su domicilio y el secuestro de dispositivos electrónicos.
En ese momento, la docente fue imputada y recuperó la libertad bajo fianza, mientras la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspenderla preventivamente de su cargo como vicedirectora suplente y reasignarla a un área administrativa, sin contacto con menores.
De acuerdo con los resultados del peritaje, no se halló material pornográfico en el celular de la acusada. Esta situación impulsó a la defensa a solicitar una audiencia para formalizar el sobreseimiento.
Según trascendió, la mujer habría explicado que el hecho se originó a partir de un reto viral realizado por su nieta, quien habría usado su dispositivo sin consentimiento. Aunque el detalle aún está bajo análisis judicial, la hipótesis restó peso a la acusación inicial.
Desde la DGE aclararon que, en caso de confirmarse el sobreseimiento, se levantará la suspensión preventiva, aunque la docente no volverá de inmediato al aula. Antes, deberá resolverse el sumario administrativo abierto en paralelo a la causa judicial.
Mientras tanto, continuará en tareas sin contacto con estudiantes, aunque retomaría el cobro de su salario.
En este caso, todo indica que la imputación quedará sin efecto. Sin embargo, el proceso abrió un debate sobre la necesidad de educar y acompañar a menores en el uso de la tecnología para evitar que se expongan a riesgos legales, psicológicos o de seguridad.