La iniciativa busca convertir la ciberseguridad en una política de Estado para proteger los sistemas digitales de organismos públicos y privados que prestan servicios esenciales. Además, el Ejecutivo anunció un paquete de reformas en materia de seguridad, tránsito, sistema penitenciario y reincidencia.
El Gobierno de Mendoza presentó este jueves en la Legislatura un proyecto de Ley de Ciberseguridad que apunta a fortalecer la protección de las infraestructuras digitales críticas y establecer un marco legal para prevenir, responder y mitigar ciberataques que puedan afectar servicios esenciales en la provincia.
La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó que el texto ingresará por el Senado provincial para comenzar su tratamiento legislativo.
Durante la presentación, el Ejecutivo también anticipó una batería de proyectos vinculados a la seguridad pública que incluirán reformas en materia de tránsito, sistema penitenciario, responsabilidad penal juvenil y reincidencia.
Qué establece el proyecto de Ley de Ciberseguridad en Mendoza
La propuesta busca que la ciberseguridad deje de ser una política aislada y pase a convertirse en una política de Estado, con reglas claras para proteger los sistemas informáticos sobre los que hoy funcionan numerosos servicios públicos.
Según explicó Mercedes Rus, la norma está orientada principalmente a proteger organismos públicos y privados que administran infraestructura crítica. “Hoy el ciudadano habita el mundo físico, pero también el ciberespacio. El Estado tiene la obligación de brindar seguridad en ambos ámbitos”, sostuvo la ministra.
El proyecto contempla la creación de un Comité Ejecutivo de Ciberseguridad, que será el organismo encargado de coordinar acciones de prevención, monitoreo y respuesta frente a incidentes informáticos. Además, alcanzará a los tres poderes del Estado y permitirá que los municipios puedan adherirse al sistema.
Qué tipo de ataques busca prevenir la nueva ley
Desde el Gobierno explicaron que la iniciativa no apunta a delitos individuales como estafas virtuales o suplantación de identidad —cuya regulación depende del Código Penal nacional— sino a proteger sistemas cuya vulneración pueda afectar a miles de personas.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran:
- Sistemas de transporte público.
- Servicios de salud.
- Redes energéticas.
- Infraestructura educativa.
- Organismos de seguridad y justicia.
Las autoridades señalaron que un ataque informático sobre alguno de estos sistemas podría generar desde interrupciones del servicio hasta accidentes de tránsito o fallas en servicios críticos. “Lo que fija esta ley es una política de protección para evitar que se interrumpan servicios públicos esenciales en Mendoza”, explicó Rus.
El ciberdelito, uno de los delitos que más crece
Durante la exposición, la ministra advirtió que el ciberdelito es actualmente una de las modalidades delictivas con mayor crecimiento. Según detalló, las organizaciones privadas reciben miles de intentos de ataques informáticos cada semana, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de prevención.
En ese contexto recordó que Mendoza ya cuenta con herramientas específicas para investigar este tipo de delitos. Como el Laboratorio Forense Digital, inaugurado en 2024. Cuatro laboratorios especializados en ciencia y tecnología aplicada a la investigación criminal y la capacitación de equipos mediante el Bootcamp de Ciberdelito realizado el año pasado.
“Hoy Mendoza posee cuatro laboratorios especializados en tecnología aplicada a la seguridad, algo inédito en la Argentina”, destacó.
El Gobierno anunció nuevas reformas en seguridad
La Ley de Ciberseguridad será apenas el primer proyecto de una agenda legislativa mucho más amplia.
Mercedes Rus confirmó que antes de fin de año el Ejecutivo enviará a la Legislatura distintas iniciativas para actualizar el marco normativo en materia de seguridad.
Entre las reformas previstas figuran:
- Una ley para otorgar respaldo legal al Laboratorio de Identificación Balística.
- Cambios en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
- Modificaciones en la Ley de Tránsito, con mayor incorporación de tecnología en controles viales.
- Reformas a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario.
- Un proyecto para fortalecer la intervención preventiva sobre inmuebles vinculados con actividades delictivas.
- Cambios en el Código Procesal Penal para limitar la reiteración de beneficios procesales en personas reincidentes.
También buscan endurecer sanciones para barras y reincidentes
Otro de los anuncios realizados durante la presentación apunta a modificar el Código Contravencional. El objetivo será incorporar nuevas figuras para sancionar conductas que actualmente no constituyen delitos penales, pero que generan conflictos en la vía pública.
Uno de los ejemplos mencionados fue la ocupación de colectivos por parte de barras. “Queremos que esas conductas, cuando no constituyen delito, tampoco queden sin ningún tipo de sanción”, explicó Rus.
La ministra también confirmó que estudian una reforma para restringir la posibilidad de acceder reiteradamente a beneficios procesales. Según indicó, la intención es evitar que una misma persona pueda acumular sucesivos beneficios judiciales frente a distintos hechos delictivos. “Entendemos que quien ya recibió un beneficio no debería volver a obtener otro por un nuevo hecho. También debe existir un efecto preventivo de la condena“, concluyó.