Aldo Eduardo Díaz, responsable del accidente en Godoy Cruz en 2022, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para conducir.
A más de dos años del trágico accidente ocurrido en las puertas del Teatro Plaza, en Godoy Cruz, finalmente llegó a una resolución judicial. Aldo Eduardo Díaz, de 65 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por lesiones graves y leves agravadas, tras atropellar a 23 personas en julio de 2022. Además, se le impuso una inhabilitación de cuatro años para manejar vehículos.
La sentencia fue dictada por el juez Juan Manuel Pina en un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en el siniestro. Aunque cumplirá su condena en libertad, el automóvil VW Virtus involucrado en el hecho seguirá embargado hasta que se resuelva el expediente civil.
Un auto atropelló a 23 personas en la puerta del Teatro Plaza
El 10 de julio de 2022, un grupo de espectadores esperaba la salida de las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás tras la función de Dos Locas de Remate. Mientras aguardaban en la vereda del Teatro Plaza, un VW Virtus estacionado en la plaza departamental arrancó en reversa a gran velocidad, cruzó la calle Colón y embistió a los presentes.
El impacto dejó un saldo de 23 heridos, tres de ellos en estado grave. Una joven de 27 años estuvo varias semanas en terapia intensiva, aunque logró recuperarse. Por suerte no se lamentó ninguna víctima fatal.
Durante la investigación, se descartó que el accidente se debiera a una falla mecánica, una de las primeras hipótesis que manejaba la justicia. En cambio, se concluyó que fue un error humano agravado por la falta de adaptación del vehículo a la discapacidad del conductor, quien tenía dificultades para movilizar sus piernas.
En una entrevista exclusiva con Noticiero, el conductor apuntó que nunca fue su intención que el auto se le fuera de esa manera y recordó que ese día la gente se le abalanzó luego del accidente.
Condenado a prisión en suspenso
La resolución judicial no sólo estableció la condena de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir, sino que también mantuvo el embargo sobre el auto. Este podría ser utilizado para resarcir económicamente a las víctimas en el marco del proceso civil que aún está en curso.