La investigación interna concluyó que hubo fallas en la custodia durante la evasión de dos detenidos que escaparon por un boquete.
La fuga de presos en San Martín registrada en la Comisaría 12 sigue generando repercusiones. Tras varios meses de investigación, la Inspección General de Seguridad (IGIS) concluyó que existió negligencia policial, señalando a dos efectivos que se encontraban de guardia al momento del hecho. Ambos agentes quedaron bajo sumario y ahora esperan la definición de la Junta de Disciplina.
Cómo fue la fuga de presos en San Martín
El episodio ocurrió durante la madrugada del 10 de diciembre de 2025, cuando dos internos lograron escapar tras realizar un boquete en la pared del calabozo.
Según la reconstrucción oficial, los detenidos no solo dañaron la estructura de la celda, sino que además forzaron una ventana, lo que les permitió salir del edificio y huir por los techos de viviendas linderas.
La evasión fue detectada horas después, lo que encendió las alarmas y dio inicio a un operativo de búsqueda y a una investigación interna.
Los prófugos fueron identificados como Enzo Leonel Páez y Emiliano Carlos Jofré, ambos de 34 años.
- Páez estaba detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal
- Jofré se encontraba alojado por portación de arma de fuego
Tras la fuga, ambos fueron recapturados y quedaron nuevamente a disposición de la Justicia, donde continúan con sus procesos penales.
Qué puede pasar con los policías involucrados
Tras analizar las pruebas, la IGIS concluyó que hubo fallas en el control y la custodia de los detenidos, por lo que consideró responsables a los policías que estaban de servicio.
De acuerdo con el informe, los efectivos no actuaron con la diligencia necesaria para evitar la fuga, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo.
Desde el organismo señalaron que, en este tipo de situaciones, las responsabilidades pueden vincularse a dos escenarios: por un lado, complicidad con los detenidos o por negligencia o falta de control. En este caso, la investigación se inclinó por la segunda hipótesis.
Mientras avanza el proceso administrativo, los efectivos fueron reubicados en otras funciones dentro de la fuerza.
La Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad será la encargada de definir las sanciones correspondientes, que podrían ir desde apercibimientos hasta medidas más severas, según el grado de responsabilidad que se determine. Además, los agentes tienen la posibilidad de ejercer su derecho a defensa antes de que se tome una decisión final.