La central sindical alertó que millones de beneficiarios no generan recursos suficientes para cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). Los gremios advierten sobre el aumento de los costos, las dificultades para pagar a los prestadores y la necesidad de reformular el sistema de salud.
La crisis financiera de las obras sociales sindicales se profundiza y pone en alerta a los gremios y a los prestadores médicos por las dificultades para sostener la atención de millones de trabajadores y sus familias. Según un informe de la Confederación General del Trabajo (CGT), el 78,5% de los beneficiarios del sistema no genera aportes suficientes para cubrir las prestaciones obligatorias.
El deterioro de los ingresos, sumado al incremento de los costos médicos, los medicamentos y los tratamientos de alta complejidad, complica el funcionamiento de las entidades. En este escenario, las organizaciones sindicales advierten que cada vez tienen más dificultades para cumplir con los pagos y garantizar la continuidad de los servicios.
De acuerdo con información, representantes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Sin embargo, los dirigentes aseguran que todavía no obtuvieron respuestas concretas a sus planteos. El último encuentro se realizó a fines de septiembre.
El 78,5% de los beneficiarios no genera aportes suficientes para cubrir el PMO
Uno de los datos más preocupantes del relevamiento sindical es que más de 11 millones de beneficiarios de las obras sociales nacionales no aportan los recursos necesarios para financiar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El sistema se financia principalmente mediante los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, que representan en conjunto el 9% del salario. No obstante, la CGT sostiene que la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos ronda el 30%, mientras que los costos de los servicios médicos crecieron por encima de la inflación general.
Esta brecha entre los ingresos y los gastos reduce la capacidad de las entidades para afrontar sus obligaciones. En su informe, la central obrera describió un panorama económico y financiero crítico y advirtió que la situación de numerosas obras sociales es “casi terminal”.
Los sindicatos destinan fondos propios para evitar interrupciones en las prestaciones
La falta de financiamiento no afecta únicamente a las obras sociales, sino también a las estructuras sindicales que las administran. Según el informe de la CGT, numerosos gremios deben utilizar recursos propios para sostener los pagos a clínicas, sanatorios, profesionales de la salud y proveedores de medicamentos.
La utilización de fondos gremiales para mantener en funcionamiento las obras sociales, advirtió, puede comprometer otras actividades destinadas a los afiliados, como los establecimientos educativos, los servicios recreativos y distintos programas de asistencia.
A su vez, el deterioro económico repercute en el acceso a la atención médica. Entre los problemas señalados aparecen las demoras para realizar prácticas y las dificultades para garantizar determinadas prestaciones. De acuerdo con el relevamiento sindical, la capacidad de compra de medicamentos de las obras sociales se redujo, en promedio, un 40%.
La preocupación por el financiamiento de la salud no se limita a las entidades sindicales. Desde el sector de los prestadores también alertan sobre el desfasaje entre los costos de atención y los pagos que reciben de las obras sociales.
Representantes de la Confederación Argentina de Clínicas señalaron que el sistema atraviesa una situación grave y que, en algunos casos, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Según plantearon, los prestadores terminan financiando a las propias obras sociales al sostener los servicios mientras esperan cobrar por las prestaciones realizadas.
Reclaman cambios en el modelo de financiamiento de la salud
Ante el agravamiento de la crisis, referentes del sector consideran necesario avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud. El planteo apunta a revisar cómo se distribuyen los recursos y quiénes deben afrontar los costos de las distintas prestaciones.
Entre los puntos cuestionados se encuentra el financiamiento de servicios vinculados con la discapacidad, en particular el transporte y la educación. Según advirtieron desde el sector, estos gastos deberían contar con partidas específicas de las áreas estatales correspondientes y no recaer sobre los fondos de la seguridad social destinados a cubrir la atención médica.