Con la Resolución 37/2025, el Gobierno nacional dispuso una reforma estructural en la industria vitivinícola al eliminar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde ahora, el organismo solo verificará la calidad del vino embotellado, dejando atrás décadas de fiscalización sobre la producción.
En una decisión que marca un antes y un después para la industria vitivinícola argentina, el Gobierno nacional oficializó una profunda desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 37/2025, elimina 973 disposiciones que regían la actividad desde la producción hasta el embotellado, modificando radicalmente el alcance del organismo.
Hasta ahora, el INV intervenía en cada etapa del proceso productivo: desde el control de la cosecha y la fiscalización de bodegas hasta las autorizaciones de transporte y la certificación de origen, añada o varietal. Con el nuevo esquema, el instituto solo se concentrará en el control de calidad del vino ya terminado, verificando su aptitud para el consumo.
“Se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo, para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la calidad del vino”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al presentar la medida.
Según el funcionario, esta reforma elimina burocracia y reduce costos en una de las industrias más reguladas del país. Solo en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones presenciales, muchas veces en las mismas bodegas con pocos días de diferencia. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo como para que el Estado complique las cosas”, señaló Sturzenegger.
La reacción del sector vitivinícola no tardó en llegar. Si bien algunos referentes celebraron la medida por su potencial para agilizar trámites y mejorar la competitividad, otros manifestaron preocupación por la trazabilidad y el control de origen. Desde el Gobierno de Mendoza, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, expresó un respaldo con matices: “Acompañamos el proceso de modernización, pero creemos que se necesita una poda selectiva y no una motosierra. La vitivinicultura es una industria única, con una estructura y una historia que requieren un tratamiento particular”.
La provincia de Mendoza concentra el 80% de la producción nacional de vino, con más de 800 bodegas y 11.000 productores. Allí, la medida generó un fuerte debate entre quienes consideran que la desregulación permitirá mayor libertad comercial, y quienes advierten que podría afectar la reputación internacional del vino argentino al relajar los controles de denominación y procedencia.
Desde el INV, su titular evitó declaraciones y se limitó a señalar que la resolución “habla por sí sola”. No obstante, se confirmó que el organismo mantendrá su función de control obligatorio en las exportaciones, especialmente en la certificación de calidad para los mercados externos.
La visita de Sturzenegger a Mendoza, prevista para los próximos días, será clave para intentar acercar posiciones entre el Gobierno nacional, la provincia y los actores del sector. Lo cierto es que la medida representa una desregulación sin precedentes en la historia del vino argentino, y abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y una de las industrias más emblemáticas del país.