Una ONG de jubilados en Mendoza presentó un amparo contra los cambios en el acceso a remedios del PAMI, y la Justicia federal le dio la razón. El fallo ya tiene impacto local, pero podría extenderse al resto del país si se replican nuevas demandas.
Una resolución judicial en Mendoza obliga al PAMI a mantener la entrega gratuita de medicamentos para jubilados, tras una demanda presentada por una ONG de adultos mayores que cuestionó los nuevos requisitos impuestos por la obra social. La medida, impulsada por el juez federal Pablo Quiroz, podría replicarse en otras provincias y tener alcance nacional.
En diciembre pasado, una asociación civil de jubilados mendocina presentó una acción de amparo contra una resolución del PAMI que modificaba, sin previo aviso, el sistema de acceso gratuito a medicamentos. Según denunciaron, la nueva normativa exigía a los beneficiarios presentar una serie de requisitos difíciles de cumplir, lo que en la práctica eliminaba el beneficio para muchos adultos mayores.
El juez federal Pablo Quiroz falló a favor de los jubilados y ordenó suspender la resolución del PAMI, exigiendo que se mantenga el esquema anterior de acceso gratuito a medicamentos. Sin embargo, la obra social no cumplió con lo dispuesto y planteó un conflicto de competencia, intentando trasladar el caso a la Justicia Federal de Buenos Aires. El argumento fue que las decisiones relevantes del PAMI se toman en la Capital Federal.
Pero la Cámara Federal de Mendoza rechazó el planteo y ratificó la jurisdicción local. En consecuencia, el juzgado N.º 2 de Mendoza seguirá siendo competente para este y otros casos similares que puedan presentarse en el país.
El fallo, que en un principio solo se aplicaba en Mendoza, ahora sienta jurisprudencia para que otros reclamos en provincias como Córdoba o Tucumán también sean tratados bajo el mismo criterio. El juez Quiroz quedará a cargo de todos los expedientes colectivos que surjan en torno a esta problemática.
Además, el PAMI fue sancionado con una multa económica –conocida como “astreinte”– por no acatar la decisión judicial. Ese dinero deberá ser destinado a la ONG actora, como parte del resarcimiento.
La medida marca un precedente clave en la defensa de los derechos de los jubilados y en la exigencia de que los cambios en políticas sanitarias no se impongan de forma repentina ni sin mecanismos de consulta ni contención.