Un proyecto presentado en la Legislatura provincial propone que las multas de tránsito en Mendoza puedan saldarse con tareas comunitarias en algunos casos. La iniciativa apunta a recuperar el carácter educativo de las sanciones y reducir la morosidad.
Un nuevo debate se abrió en la Legislatura de Mendoza a partir de un proyecto que busca reformar el actual régimen de infracciones viales. La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Germán Gómez (Partido Justicialista) y propone que las sanciones económicas puedan ser reemplazadas por horas de trabajo comunitario, según la gravedad de la falta cometida.
El legislador sostiene que el sistema vigente perdió su función pedagógica y se transformó en un esquema predominantemente recaudatorio, que castiga con mayor dureza a quienes no pueden afrontar multas que, en algunos casos, superan ampliamente los ingresos mensuales de una familia promedio. En el contexto actual de inflación, caída del salario real y aumento del empleo informal, el pago de estas sanciones se vuelve, para muchos, prácticamente imposible.
Según los fundamentos del proyecto, las multas elevadas “no corrigen conductas”, sino que empujan a los infractores a una situación de endeudamiento crónico, deteriorando incluso su vínculo con el Estado y generando altos niveles de morosidad.
Cómo funcionaría el sistema de tareas comunitarias
La propuesta establece que los infractores puedan optar de manera directa por cumplir trabajos comunitarios en lugar de abonar el monto económico de la multa, sin trámites adicionales. Las tareas podrían realizarse en municipios, hospitales, dependencias provinciales u otras instituciones públicas, y la cantidad de horas estaría determinada por el tipo de infracción.
El proyecto contempla un esquema diferenciado según la gravedad de la falta, leves, graves y gravísimas, y prevé incrementos en las horas asignadas solo en casos de reincidencia. En situaciones como las infracciones por alcoholemia, el régimen actual se mantendría sin cambios, salvo excepciones muy puntuales debidamente justificadas.
La iniciativa pone el foco en los infractores que acrediten dificultades económicas, como ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, trabajo informal, desempleo o inscripción en programas sociales. En estos casos, sería el juez vial quien determine la posibilidad de acceder a esta modalidad alternativa.
Además, el proyecto incorpora la obligatoriedad de realizar cursos de educación vial antes de comenzar con las tareas comunitarias, reforzando el objetivo de prevención y concientización.
Otro de los puntos centrales es la creación de un registro provincial digital de trabajo comunitario, que permitirá llevar un control público y auditable de los casos, las instituciones asignadas y el cumplimiento efectivo de las horas establecidas. Una vez finalizada y certificada la tarea, la sanción se considerará legalmente cumplida.