Un empresario mendocino demandó al laboratorio AstraZeneca y al Gobierno nacional tras sufrir graves secuelas que atribuye a la vacuna contra el COVID-19.
Un empresario vitivinícola de 74 años, oriundo de Luján de Cuyo, presentó una demanda en la justicia federal de Mendoza contra el laboratorio AstraZeneca y el Gobierno nacional por daños y perjuicios, alegando que la vacuna contra el COVID-19 le provocó una enfermedad grave. La demanda, de 44 páginas, reclama un resarcimiento de 152 millones de pesos y es la primera de este tipo en la provincia. En otras ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, ya existen antecedentes de demandas similares, aunque hasta el momento ninguna ha obtenido una sentencia definitiva.
Según el expediente, el empresario se vacunó con la vacuna AstraZeneca en 2021, recibiendo la primera dosis el 10 de junio y la segunda el 4 de julio en el área sanitaria de Luján de Cuyo. Aproximadamente un mes después, comenzó a experimentar fiebre, pérdida de apetito, dolores musculares y hormigueo en las manos. A los 50 días de la primera dosis, fue internado en el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde recibió un diagnóstico de trombosis venosa profunda en ambas piernas, enfermedad que, según el documento judicial, el laboratorio reconoce como un posible efecto adverso de su vacuna.
El abogado del demandante sostiene que existen pruebas médicas contundentes que vinculan la inoculación con la enfermedad de su cliente. “Sabemos que tenemos razones jurídicas muy sólidas y elementos de prueba importantes”, afirmó Carlos Aguinaga. Y agregó que el empresario antes de vacunarse gozaba de buena salud.
Consideran que perdió oportunidades laborales y comerciales debido a su condición médica. Debido a la trombosis, el afectado debe seguir un tratamiento con anticoagulantes de por vida, lo que limita su capacidad de viajar y continuar con su negocio vitivinícola, afectando gravemente su calidad de vida.
El juicio, que fue presentado el 4 de febrero de este año ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, está en etapa inicial. Tanto el laboratorio AstraZeneca como el Gobierno nacional deberán presentar pruebas y argumentos para su defensa, en un proceso que podría prolongarse por más de un año. La demanda pone sobre la mesa el debate sobre los posibles efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19, un tema que generó incertidumbre en la población desde el inicio de la pandemia.
El caso cobra relevancia no solo por su impacto en la salud del demandante, sino también por las implicancias legales y económicas que podría tener en futuras demandas similares. La resolución judicial marcará un precedente en la provincia, mientras que el empresario y su abogado confían en que podrán demostrar la responsabilidad del laboratorio.