La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que durante 2025 sancionó a 40 docentes en Mendoza, con medidas que van desde cesantías y exoneraciones hasta apercibimientos. Entre los motivos figuran abusos sexuales, maltrato e incumplimientos laborales, en el marco de la nueva Ley de Ficha Limpia.
La Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) dio a conocer un informe que refleja un preocupante incremento en las sanciones aplicadas a docentes durante 2025. Según los datos oficiales, 40 educadores recibieron distintos tipos de sanción, un número que representa un aumento del 245% respecto al año anterior.
De ese total, 38 fueron cesanteados, lo que implica la suspensión temporal del cargo, y 2 fueron exonerados, lo que los inhabilita de forma permanente para volver a trabajar en el sistema educativo provincial. Entre los motivos más graves figuran abusos sexuales simples y agravados, maltratos hacia alumnos o colegas, e incumplimientos laborales reiterados.
Casos por abuso sexual: sanciones y nueva aplicación de la “Ficha Limpia”
La jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García, confirmó que de los 38 cesanteados, cinco fueron sancionados por abuso sexual simple, es decir, por tocamientos hacia alumnos o alumnas.
Otros 13 docentes recibieron sanciones por maltrato, mientras que 20 fueron apartados por incumplimiento de normas e inasistencias injustificadas.
En los casos más graves, dos docentes fueron exonerados por abuso sexual agravado, lo que implica su inhabilitación definitiva para ejercer la docencia.
Con la aplicación de la Ley de Ficha Limpia, quienes hayan sido condenados penalmente por delitos sexuales no podrán volver a estar frente a un curso, incluso si cumplen el período de cesantía administrativa que establece el Estatuto Docente.
Desde la DGE explicaron que el aumento en las sanciones también responde a una mayor contención a las víctimas y a la decisión de no archivar denuncias aunque los docentes estén jubilados o fuera del sistema activo.
Un caso reciente es el de un profesor de Rivadavia, denunciado en 2019 por tocamientos a una alumna, que fue finalmente cesanteado este año, pese a haberse jubilado.
“Decidimos avanzar con la sanción porque, aunque esté retirado, un docente jubilado puede volver a tomar horas si se abre un cargo sin cubrir. Queremos garantizar que quien haya sido sancionado por abuso no vuelva al aula bajo ninguna circunstancia”, explicó García.
La DGE detalló que cada denuncia activa la intervención de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), que trabaja junto a profesionales especializados en contención psicológica y orientación familiar.
En los casos de abuso o violencia, se articula además con el sistema de salud provincial y con el Ministerio Público Fiscal para garantizar el seguimiento judicial. “Siempre esperamos la denuncia penal, porque se trata de un hecho delictivo. Pero si la investigación interna confirma la conducta indebida, la DGE puede avanzar igualmente con una sanción administrativa”, aclaró la funcionaria.
“Este crecimiento del 245% no significa que haya más abusos, sino que hay más mecanismos de denuncia y contención, y que las víctimas se animan a hablar”, sostuvo García.