El Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió destituir e inhabilitar por cinco años al exinspector de cauce de Vertiente Corralitos. La investigación detectó presuntas irregularidades en el manejo de fondos, contrataciones y operaciones administrativas.
El caso de Alejandro Currenti, exinspector de la Inspección Canal Vertiente Corralitos Unificada, sumó un nuevo capítulo en Mendoza. El Departamento General de Irrigación resolvió su destitución y una inhabilitación de cinco años luego de una investigación administrativa que detectó múltiples irregularidades vinculadas con el manejo de fondos de los regantes.
La decisión, adoptada por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA), también alcanzó a otros integrantes de la estructura de autoridades de la inspección. Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal, debido a que algunos de los hechos analizados podrían tener relevancia penal.
El expediente tiene como antecedente una investigación que comenzó a profundizarse en 2024, cuando Irrigación detectó inconsistencias en las rendiciones de cuentas de la inspección de Los Corralitos, en Guaymallén. En aquel momento, Currenti fue suspendido preventivamente y posteriormente se dispuso la intervención de la repartición ante nuevas anomalías detectadas por los organismos de control.
Qué resolvió Irrigación contra Currenti
Según las resoluciones mencionadas en el expediente, el Tribunal Administrativo determinó la destitución e inhabilitación durante cinco años de Currenti para ejercer funciones vinculadas con la administración del agua.
La medida también alcanzó a Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez, integrantes del cuadro de autoridades de la inspección que, de acuerdo con la resolución, tuvieron participación en distintos actos administrativos cuestionados.
La investigación administrativa concluyó que existieron irregularidades en el manejo de recursos, contrataciones, rendiciones contables y utilización de herramientas bancarias, entre otros puntos.
El proceso se suma a una investigación que ya había generado la intervención de la Inspección de Cauce Canal Vertiente de Los Corralitos. En julio de 2024, el HTA había dispuesto esa medida preventiva luego de detectar anomalías en el manejo administrativo y financiero.
El uso de la firma digital de una persona fallecida
Uno de los puntos más llamativos de la investigación está relacionado con el uso del token y la firma digital de Pedro Vicente Pelayes, un exdelegado que había fallecido en octubre de 2022.
De acuerdo con las actuaciones, la herramienta continuó siendo utilizada para realizar operaciones bancarias vinculadas con la Inspección de Cauce después del fallecimiento de Pelayes.
La situación ya había sido señalada durante la etapa inicial de la investigación. En aquella oportunidad, el informe de Fiscalización de Irrigación cuestionó que no se hubiera explicado quiénes estaban autorizados a utilizar los tokens bancarios y, particularmente, por qué se había utilizado el correspondiente a una persona fallecida.
Los fondos utilizados en propiedades vinculadas a Currenti
Otro de los aspectos analizados estuvo relacionado con gastos realizados en bienes vinculados al exinspector y su entorno familiar.
Entre ellos aparece el acondicionamiento de un tractor perteneciente a la esposa de Currenti, Romina Paola Cagol. Según la investigación, la Inspección afrontó gastos de mantenimiento y reparación de la maquinaria pese al escaso tiempo de utilización registrado.
También fue cuestionado el destino de fondos para realizar mejoras edilicias en un inmueble perteneciente a Currenti y su esposa.
El caso del inmueble ya había sido mencionado en investigaciones periodísticas anteriores, que señalaron que la sede de la Inspección había sido trasladada a un terreno de propiedad del entonces inspector y que posteriormente se habían celebrado acuerdos relacionados con el uso del lugar.
Contrataciones y problemas en las rendiciones de cuentas
La auditoría también detectó cuestionamientos sobre la forma en que se realizaron determinadas contrataciones de obras, compra de insumos y prestación de servicios.
Entre las irregularidades señaladas aparecen contrataciones directas que, según el expediente, debían haber atravesado procedimientos administrativos diferentes por los montos involucrados.
También fueron observadas rendiciones contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, además de obligaciones fiscales y previsionales pendientes.
El caso ya había generado antecedentes económicos concretos. En junio de 2024, Irrigación había ordenado la devolución de $1.368.232,74 más intereses correspondientes a fondos remanentes del ejercicio 2021.
Posteriormente, una auditoría más amplia permitió detectar nuevas inconsistencias y llevó al organismo a intervenir la inspección.
Cuánto dinero deberá afrontar Currenti
La resolución establece distintos cargos económicos y multas para Currenti por las irregularidades determinadas en los distintos ejercicios.
De acuerdo con el detalle de las actuaciones, deberá afrontar:
- $27.250.854,27 en concepto de cargo financiero correspondiente a fondos cuestionados e intereses.
- $327.877,18 en concepto de restitución vinculada con irregularidades del ejercicio 2023.
- Dos multas de $1.190.000 cada una por procedimientos administrativos irregulares correspondientes a distintos períodos.
En conjunto, los montos superan los $29 millones, aunque el perjuicio económico total analizado en el expediente podría superar los $30 millones, considerando los distintos conceptos incluidos en las actuaciones.
Además de las sanciones administrativas, el Tribunal Administrativo de Irrigación ordenó enviar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.
La medida busca que la Justicia determine si alguno de los hechos investigados puede constituir un delito de acción pública y establezca eventuales responsabilidades penales.
La investigación judicial ya tenía antecedentes. En 2024, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos había comenzado a analizar el faltante de más de $1,3 millones detectado en la rendición de cuentas correspondiente a 2021.