Desde principios de abril, los traumatólogos reclaman mejores honorarios y condiciones claras de pago. Aunque algunas clínicas ya aceptaron los nuevos valores, el conflicto persiste y complica la atención médica de miles de jubilados mendocinos.
El conflicto entre los traumatólogos de Mendoza y las clínicas privadas nucleadas en ACLISA sigue sin resolverse. Aunque en los últimos días se habrían acercado algunas posiciones, aún no hay un acuerdo definitivo que garantice la atención plena a los pacientes, especialmente a los jubilados afiliados a PAMI.
Desde el 1 de abril, los médicos especialistas vienen reclamando una mejora en los honorarios por sus servicios, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas. El foco está puesto en la atención a pacientes que cuentan con PAMI, ya que muchos profesionales consideran que los aranceles que se pagan están muy por debajo de lo razonable.
A raíz de esta situación, varios traumatólogos renunciaron a atender a pacientes de PAMI en clínicas privadas, lo que generó un fuerte impacto en la cobertura del sistema de salud. A pesar de que se había pactado una especie de tregua de 60 días, el conflicto se mantiene en un terreno indefinido: sin solución clara, pero tampoco completamente estancado.
Qué propone la Asociación de Traumatólogos
Uno de los principales pedidos de la Asociación de Traumatólogos es que las clínicas realicen los pagos a través de la entidad, lo que permitiría una unificación de los valores y mayor transparencia en los cobros. Según informaron, cerca del 50% de las clínicas privadas ya habrían aceptado los valores propuestos por la Asociación, aunque aún quedan instituciones por resolver su situación.
El punto de conflicto actual gira en torno al mecanismo de pago: los profesionales exigen que sea la Asociación quien canalice los pagos, para evitar diferencias entre clínicas y asegurar que todos cobren lo mismo por cada prestación.
El Ministerio de Salud de Mendoza participó de las negociaciones en calidad de mediador, sin intervenir directamente en la negociación. Desde el Gobierno provincial aseguraron que ningún jubilado que acuda a un hospital público quedará sin atención médica, y que la función del sistema estatal es garantizar la cobertura sanitaria en todo el territorio mendocino.
Sin embargo, la incertidumbre persiste en el ámbito privado. Los jubilados deben consultar previamente si su clínica habitual mantiene convenio con traumatólogos para recibir atención por PAMI, ya que algunas cirugías programadas han sido postergadas por falta de acuerdo, aunque las urgencias sí están siendo atendidas.
El conflicto de fondo: honorarios bajos y falta de garantías
El reclamo no es nuevo: los traumatólogos denuncian que el monto que reciben por cada práctica es muy inferior al que pagan otras obras sociales. En algunos casos, aseguran haber tenido que operar sin cobrar un peso, e incluso relatan situaciones donde fueron presionados con escribanos y abogados para cumplir con procedimientos sin respaldo económico.
Según datos de la Asociación, la propuesta actual que se discute es de 200.000 pesos por módulo, lo que representa una suba del 60%. Lejos de lo que se dice en algunos sectores, los médicos desmienten estar reclamando un aumento del 300% o 400%, y aseguran que buscan simplemente una remuneración justa y condiciones claras de trabajo.