El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), una medida que permite declarar dólares no registrados y utilizarlos sin sanciones retroactivas. La norma también introduce cambios en el régimen penal tributario y modifica aspectos del Código Civil y Comercial.
El Gobierno nacional puso en marcha la Ley de Inocencia Fiscal y reglamentó su aplicación a través del decreto 93/2026, que introduce cambios clave en el régimen tributario, el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y el Código Civil y Comercial. La medida, presentada como un “blanqueo popular”, apunta a incentivar que los contribuyentes declaren los dólares no registrados y los incorporen al sistema formal.
Reglamentaron la Ley de Inocencia Fiscal: cómo funciona el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias
Con la publicación del decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo activó formalmente la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca otorgar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados, estimados en unos U$S 170.000 millones fuera del sistema.
El eje central de la norma es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que permite declarar voluntariamente activos, incluidos dólares guardados fuera del circuito bancario, mediante una declaración jurada de Bienes Personales. A partir de esa presentación, el contribuyente podrá utilizar esos fondos sin que el Estado le exija explicaciones sobre su origen, siempre que cumpla con las condiciones previstas en la ley.
Desde el oficialismo explican que esta medida no replica el esquema de blanqueo lanzado al inicio de la gestión libertaria. En este caso, no se trata únicamente de depositar dinero en una cuenta bancaria, sino de formalizarlo a través de una declaración patrimonial.
El objetivo, según manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, es fomentar que el ahorro informal se canalice hacia el sistema financiero y contribuya a la reactivación económica. La intención oficial no estaría centrada en aumentar la recaudación inmediata, sino en ampliar la base de contribuyentes que tributen sobre ingresos futuros.
Cambios en el régimen penal tributario
La reglamentación también introduce modificaciones en el régimen penal tributario. Entre los puntos más relevantes se destacan:
- Reducción de multas.
- Disminución del plazo de prescripción para delitos de evasión, que pasa de cinco a tres años.
- Actualización de los montos a partir de los cuales se considera configurado el delito de lavado de activos, elevando el umbral a 100 millones de pesos.
Estos cambios impactan directamente en la interpretación y aplicación de normas vinculadas al Código Civil y Comercial, generando un nuevo marco para la regularización de activos.
Especialistas recomiendan contar con el asesoramiento de un contador para realizar correctamente la declaración jurada de Bienes Personales, ya que se trata de un trámite formal que tendrá efectos fiscales futuros.
La normativa contempla tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y otros contribuyentes registrados. Quienes declaren sus ahorros podrán incorporarlos al sistema bancario o utilizarlos a través de billeteras digitales.
Desde el Gobierno sostienen que la medida permitirá “blanquear” ahorros acumulados durante años en contextos de restricciones cambiarias, sin penalidades retroactivas. A su vez, remarcan que la clave estará en tributar correctamente sobre los ingresos generados a partir de ahora.