El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad y dispuso su aplicación inmediata en todo el país. La norma crea un nuevo esquema de pensiones no contributivas, redefine el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y establece mecanismos de alivio fiscal. En Mendoza, el impacto alcanza a unas 90.000 personas con discapacidad.
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad, y habilitó su entrada en vigencia inmediata en todas las provincias. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 84/2026, en cumplimiento de un fallo judicial, y representa un cambio estructural en el sistema de prestaciones, pensiones y control del área.
Según un primer análisis de especialistas y organizaciones vinculadas al sector, la norma tiene alcance federal automático y comienza a regir sin necesidad de adhesión provincial. En el caso de Mendoza, se estima que el nuevo marco legal impacta de manera directa en alrededor de 90.000 personas con discapacidad.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social, que reemplaza al régimen anterior de pensiones por invalidez laboral.
De acuerdo a lo establecido, estas prestaciones serán inembargables, personalísimas y no transferibles, y se mantendrán vigentes mientras persistan las condiciones que dieron origen al beneficio. Las pensiones no contributivas actuales se reconvertirán automáticamente al nuevo régimen, aunque la autoridad de aplicación deberá verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos exigidos.
La ANSES será el organismo responsable de la liquidación y el pago de las pensiones. El beneficio podrá extinguirse en casos puntuales, como fallecimiento del titular, renuncia expresa, ausencia del país sin registros durante más de tres meses o condenas penales superiores a los tres años, entre otros supuestos previstos por la norma.
Cambios en el Certificado Único de Discapacidad
La reglamentación también introduce modificaciones en el sistema de certificación. La Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasó a ser la nueva autoridad de aplicación tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), será la encargada de fijar los nuevos lineamientos del Certificado Único de Discapacidad (CUD), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad.
Además, se prevé la implementación de auditorías periódicas con el objetivo de reforzar la transparencia, evitar irregularidades y garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.
La Ley de Emergencia en Discapacidad incorpora, además, un régimen de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, destinado a personas y entidades alcanzadas por la norma. Este esquema contempla la condonación de multas e intereses sobre obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025.
En paralelo, se establecen mecanismos de compensación de emergencia para los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad, un sector que viene advirtiendo dificultades financieras para sostener tratamientos, rehabilitaciones y prestaciones básicas.
La reglamentación se da en un contexto de fuerte tensión institucional. La ley había sido sancionada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por mayoría agravada. Posteriormente, el Gobierno intentó frenar su aplicación alegando falta de presupuesto, lo que derivó en una acción judicial.
El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el intento de promulgar la ley sin aplicarla y obligó al Ejecutivo a reglamentarla en un plazo determinado, lo que finalmente ocurrió con la publicación del decreto.
Si bien la reglamentación establece su vigencia inmediata, desde el Ministerio de Salud y el Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza señalaron que aún se analiza el alcance concreto de la norma y su implementación práctica en la provincia.
Organizaciones y referentes del sector advirtieron que el impacto real dependerá de cómo se apliquen las auditorías, los controles y los requisitos administrativos, y reclamaron que se garantice el acceso efectivo a los derechos sin generar trabas burocráticas que perjudiquen a una población especialmente vulnerable.