El magistrado admitió mal desempeño y acordó una sanción menor que le permitirá continuar en su cargo tras cumplir la suspensión.
En un giro inesperado, el juicio político al juez Sebastián Sarmiento tuvo un desenlace anticipado en Mendoza. El magistrado reconoció su responsabilidad por mal desempeño en sus funciones y logró evitar la destitución mediante un acuerdo abreviado, que derivó en una suspensión sin goce de haberes por seis meses. De esta manera, podrá retomar su cargo en junio de 2026.
El proceso, que inicialmente contemplaba varias jornadas de debate para definir la continuidad del juez, se resolvió en pocas horas. Sarmiento admitió los hechos que se le imputaban y negoció una salida alternativa similar a un juicio abreviado, mecanismo que permitió reducir la sanción.
El acuerdo fue avalado por el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, y posteriormente aprobado por el Jury, que dictó una resolución unánime. La sanción establecida fue de seis meses de suspensión sin goce de sueldo, computando el período desde el 11 de diciembre de 2025, cuando el magistrado ya había sido apartado de manera preventiva.
Además, el fallo dispuso que el juez deberá reintegrar los haberes percibidos parcialmente durante ese tiempo.
Cuándo volverá a ejercer como juez en Mendoza
Con la sanción ya en marcha, Sarmiento quedará habilitado para regresar a sus funciones en el Poder Judicial de Mendoza a partir del 9 de junio de 2026, una vez cumplido el plazo de suspensión.
Esto implica que, pese a la gravedad de las acusaciones, el magistrado conservará su cargo como integrante de un tribunal penal colegiado.
Las acusaciones contra el juez Sebastián Sarmiento
El expediente incluía cinco hechos de relevancia, vinculados principalmente a decisiones judiciales cuestionadas. Entre los casos más sensibles se encuentra el otorgamiento de libertades condicionales a personas condenadas por delitos graves, que luego reincidieron.
Uno de los episodios más resonantes fue el vinculado al crimen de un excomisario, situación que generó fuerte repercusión política y social en la provincia.
También se cuestionaron resoluciones relacionadas con el uso de celulares en cárceles y traslados de internos, lo que derivó en críticas hacia su criterio judicial.
El caso de Sarmiento se desarrolló en un contexto de alta tensión política en Mendoza, con cuestionamientos públicos desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alfredo Cornejo había criticado en reiteradas oportunidades las decisiones del magistrado, enmarcando el debate en una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema judicial.