Vialidad continúa operativa y los empleados reclaman condiciones básicas para sostener sus funciones.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. La medida, presentada como parte de una estrategia para erradicar la corrupción en la obra pública, generó una fuerte reacción sindical y política.
Diez días después del anuncio, la jueza Martina Forns del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín resolvió suspender por seis meses la aplicación del decreto presidencial. La decisión judicial responde a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que argumentó riesgos laborales y constitucionales en la ejecución del cierre.
En Mendoza, trabajadores viales expresaron alivio ante el fallo, aunque advirtieron que la incertidumbre persiste. Reclaman condiciones mínimas y presupuesto para continuar con tareas esenciales como el mantenimiento de rutas y operativos estacionales. “Fue un respiro, pero seguimos sin recursos y con miedo a perder el trabajo”, señalaron delegados locales.
El Gobierno nacional, por su parte, confirmó que apelará la suspensión del decreto. Adorni lo comunicó en redes sociales, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lanzó duras críticas contra quienes impulsaron el amparo, vinculándolos con causas judiciales del kirchnerismo. La disputa ahora se traslada a la Cámara de Apelaciones, que deberá definir si el fallo de Forns se mantiene.
Mientras tanto, Vialidad Nacional continúa operando bajo el marco legal vigente. La cautelar no anula el decreto, pero impide su ejecución hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El conflicto pone en juego no solo la estabilidad de más de 5.000 trabajadores, sino también el futuro de la infraestructura vial del país