En una jornada cargada de tensión política, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial sobre la ley de discapacidad, pero al mismo tiempo respaldó a Javier Milei en su decisión de frenar el aumento a jubilados y pensionados.
La Cámara de Diputados vivió una jornada marcada por tensiones políticas y votaciones clave sobre temas sensibles: la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados y pensionados. Mientras la oposición logró revertir parcialmente un veto presidencial, el oficialismo consiguió blindar otro, en medio de negociaciones de último minuto con gobernadores.
Un Congreso dividido y negociaciones a contrarreloj
El debate en Diputados se convirtió en uno de los más intensos del año. Por un lado, la oposición consiguió los votos necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, lo que mantuvo con vida un beneficio que impacta en millones de personas que dependen de programas y prestaciones médicas.
Sin embargo, horas más tarde, la balanza se inclinó en favor del Poder Ejecutivo: el oficialismo logró sostener el veto presidencial a la norma que establecía un aumento del 7,2% para jubilados y pensionados. Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios y la suba quedó bloqueada.
El giro político se dio tras negociaciones febriles entre la Casa Rosada y gobernadores dialoguistas, quienes habían permitido el inicio de la sesión, pero terminaron alineando a varios de sus legisladores con La Libertad Avanza. En el caso de Mendoza, por ejemplo, Julio Cobos se desmarcó de la UCR y votó contra el veto, mientras que los diputados cercanos a Alfredo Cornejo apoyaron al oficialismo en medio de un incipiente acuerdo electoral con Milei.
Según cálculos oficiales, la aprobación de ambas iniciativas hubiera significado un gasto cercano al 1,7% del PBI, comprometiendo la meta de déficit cero que el Gobierno prometió al Fondo Monetario Internacional. En números concretos, el aumento a jubilados demandaba unos 1.920 millones de dólares, mientras que la emergencia en discapacidad representaba alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales.
El mensaje de Milei fue claro: “no hay plata” para afrontar estas medidas. Sin embargo, el costo político ya está instalado: la imagen de un Gobierno que sostiene el veto contra jubilados y pensionados, mientras cede en el caso de la discapacidad, en plena campaña electoral.