La Justicia ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la Causa Vialidad, una decisión que habilita a la Corte Suprema a administrar y subastar activos valuados en más de $684.990 millones, vinculados a la maniobra de corrupción investigada entre 2003 y 2015.
En un nuevo capítulo de la Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el decomiso y la incautación de bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados, una decisión que marca un avance clave en uno de los expedientes por corrupción más resonantes de las últimas décadas. La medida, confirmada por fuentes judiciales, establece que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar, ejecutar y eventualmente subastar los activos identificados como derivados o vinculados a la maniobra fraudulenta investigada.
La resolución llega tras quedar firme la sentencia dictada en 2022 y ratificada en junio de este año, que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta. Ante el incumplimiento en el pago del monto fijado, el tribunal avanzó con el decomiso inmediato de los bienes.
Según determinó el Ministerio Público Fiscal, la orden alcanza a 122 bienes inmuebles acumulados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que —según la Justicia— se desarrolló la estructura que permitió el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.
El monto original del decomiso era de $84.835 millones, pero fue actualizado por peritos contables a $684.990 millones, cifra que cuenta con aval técnico de la Corte Suprema.
El decomiso incluye propiedades, terrenos, hoteles, departamentos y activos de sociedades vinculadas al grupo Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, distribuidos en Santa Cruz, Buenos Aires y CABA. También figura un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y 19 propiedades cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia describe que la maniobra se apoyó en un entramado de sociedades que recibió 51 licitaciones de obra pública, en su mayoría concentradas en Santa Cruz, con Báez como único beneficiario. Según la investigación, la estructura se gestó incluso antes de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, con el diseño de un circuito destinado a favorecer al empresario.
Qué pasa ahora con los bienes decomisados
Con la orden del TOF 2, la Corte Suprema deberá avanzar en la administración y el proceso de venta de los activos para recuperar los fondos que, según la sentencia, fueron desviados en perjuicio del Estado. El decomiso —uno de los más altos por corrupción en la historia argentina— se ejecutará de manera progresiva en función de las tasaciones y procedimientos legales.
La decisión vuelve a poner a la Causa Vialidad en el centro de la agenda pública, no solo por el impacto judicial, sino también por la magnitud económica y política de los bienes alcanzados.