El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los exfuncionarios de ARSAT, en una causa que investiga supuestos sobreprecios, direccionamiento de contratos y pagos ilegales. La resolución alcanza a diez personas e incluye embargos por $3.000 millones.
La investigación por presuntas maniobras de corrupción en ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones, sumó un nuevo avance judicial. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó sin prisión preventiva a los exfuncionarios Facundo Leal y Gerardo Boschín, junto con otras ocho personas vinculadas con la compañía y una de sus proveedoras. La resolución contempla embargos por $3.000 millones y apunta a posibles irregularidades en contrataciones relacionadas con el almacenamiento de insumos y el alquiler de depósitos. Según la hipótesis de la Fiscalía, las operaciones habrían incluido sobreprecios, adjudicaciones direccionadas y presuntos pagos de coimas.
Leal y Boschín fueron procesados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión representa un avance en el expediente, aunque no implica una condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse durante el proceso judicial.
Cómo comenzó la causa por presunta corrupción en ARSAT
La investigación se inició en enero de 2024, después del robo de cables de fibra óptica en un depósito que ARSAT alquilaba en la localidad bonaerense de San Fernando.
A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a analizar documentación y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos. El peritaje de los teléfonos de exdirectivos permitió detectar conversaciones que, según la imputación fiscal, podrían revelar un esquema de contrataciones irregulares con Argentina Logistic Services (ALS), empresa encargada del almacenamiento de insumos.
De acuerdo con la hipótesis investigada, algunas operaciones habrían sido organizadas para favorecer a esa firma y generar sobrecostos para la empresa estatal. Los mensajes analizados por los investigadores también habrían aportado indicios sobre una posible simulación de competencia entre proveedores y el presunto pago de retornos en efectivo, incluso en dólares.
Qué papel habrían tenido los exfuncionarios procesados
Entre los principales implicados aparecen Facundo Leal, exresponsable de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández, y Gerardo Boschín, quien se desempeñó como gerente de Compras y Contrataciones de la compañía.
La investigación busca determinar qué intervención tuvo cada uno en las operaciones cuestionadas y si existieron acuerdos para direccionar las adjudicaciones.
La resolución también alcanza a otros exfuncionarios y exdirectivos, entre ellos Pablo Pagani, Juan Álvarez y Juan Andrés Navarro, además de ejecutivos vinculados con ALS: Fernando Paredes, Diego Padilla, Gastón Padilla y Sofía Varela Vizgarra.
En total, el procesamiento comprende a diez personas. La Fiscalía sostiene que las contrataciones bajo análisis podrían haber generado un perjuicio para el Estado, aunque la magnitud y las responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente.
Sobreprecios, contratos direccionados y presuntos pagos ilegales
Uno de los ejes centrales de la causa es la forma en que se habrían adjudicado determinados contratos.
Según la hipótesis fiscal, algunas licitaciones habrían sido direccionadas para beneficiar a una empresa determinada. Entre los elementos analizados figuran correos electrónicos y mensajes que presuntamente se habrían utilizado para simular la participación de otros oferentes y dar apariencia de competencia.
La investigación también apunta a posibles sobreprecios en el alquiler de galpones y en la contratación de servicios vinculados con el almacenamiento de materiales. Además, los investigadores sospechan que parte de los beneficios obtenidos mediante esas operaciones podría haberse distribuido a través de pagos ilegales en efectivo.
Durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas con Facundo Leal, las fuerzas de seguridad encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo.
De acuerdo con la información difundida sobre los procedimientos, el total hallado ascendió a US$2,4 millones. Entre los montos informados, se mencionaron US$800.000 guardados en una valija en una vivienda de Palermo Chico.
Por qué Facundo Leal seguirá bajo arresto domiciliario
Aunque en esta causa por presuntas irregularidades en ARSAT fue procesado sin prisión preventiva, Leal continuará bajo arresto domiciliario por otro expediente judicial.
Se trata de una investigación por tenencia y presunto tráfico de estupefacientes, que se originó a partir de sustancias encontradas durante los allanamientos vinculados con la causa de corrupción.
Según la información aportada, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó recientemente su procesamiento y la prisión preventiva en ese expediente, que cumple bajo modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica.
En el departamento de Palermo donde se realizaron los procedimientos también se habían encontrado, según la información difundida, US$650.000 en efectivo, ketamina, cocaína y otras drogas sintéticas.
El procesamiento significa que el juez considera que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación respecto de los imputados. Sin embargo, no equivale a una condena ni determina por sí mismo que los acusados sean culpables.
El expediente deberá continuar con las medidas judiciales correspondientes, mientras se analiza la prueba reunida y se determina si existen condiciones para avanzar hacia una eventual elevación a juicio.