Legisladores de distintos espacios políticos advirtieron que más de 400 mil usuarios podrían perder los descuentos en las facturas de gas. Anticiparon acciones judiciales si el Congreso aprueba los cambios al régimen de Zona Fría.
La posible modificación del régimen de Zona Fría encendió las alarmas en Mendoza y generó una reacción poco habitual en la política provincial: referentes de distintos partidos decidieron unificar posiciones para rechazar el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
La preocupación radica en que, de avanzar la iniciativa en el Senado, gran parte de la provincia podría quedar excluida de los subsidios al gas natural que hoy permiten acceder a descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas. De acuerdo con la propuesta en debate, solamente Malargüe conservaría el beneficio.
Qué cambia con la reforma de la Zona Fría
Actualmente, Mendoza forma parte del régimen ampliado de Zona Fría, implementado en 2021 para compensar los mayores costos de calefacción en regiones con bajas temperaturas. Gracias a ese esquema, más de 400.000 usuarios mendocinos, entre hogares y empresas, reciben descuentos en el servicio de gas natural.
Sin embargo, el proyecto que se analiza en el Congreso busca modificar los criterios de inclusión, lo que dejaría fuera del programa a gran parte de la provincia.
La iniciativa ya fue aprobada en Diputados y ahora espera su tratamiento en el Senado nacional, donde podría definirse su futuro en los próximos días.
La oposición mendocina anticipó una batalla judicial
Senadores y diputados provinciales de diferentes espacios políticos se reunieron para expresar su rechazo a la medida y adelantaron que recurrirán a la Justicia en caso de que la modificación sea aprobada.
Desde los bloques opositores sostienen que la eliminación del beneficio tendría un fuerte impacto en la economía de miles de familias mendocinas, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo.
Además, remarcaron que el régimen actual no representa un privilegio, sino una compensación vinculada a las condiciones climáticas de la provincia.
Entre las alternativas que analizan figuran la presentación de un amparo colectivo y medidas cautelares para intentar frenar la aplicación de los cambios hasta que exista una resolución judicial definitiva.
Uno de los principales argumentos planteados por los legisladores es el efecto que tendría el aumento de las tarifas sobre los hogares mendocinos.
Según señalaron, la pérdida de los descuentos podría traducirse en incrementos significativos en las facturas de gas durante los meses de mayor consumo, afectando especialmente a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos.
Pero la preocupación no se limita a los usuarios residenciales. También advierten que las pymes mendocinas podrían sufrir un incremento en sus costos operativos, generando consecuencias sobre la actividad económica y el empleo.
Qué puede pasar en el Senado
Mientras el proyecto espera ser tratado en la Cámara Alta, algunos legisladores nacionales mendocinos ya manifestaron reparos respecto de la iniciativa.
A diferencia de lo ocurrido en Diputados, donde la propuesta logró avanzar, en el Senado el escenario aparece más abierto y todavía no hay certezas sobre el resultado de la votación.
Por eso, en Mendoza crece la expectativa en torno a una definición que podría impactar directamente en el bolsillo de cientos de miles de usuarios y modificar uno de los beneficios más relevantes para los consumidores de gas en la provincia.