La violencia en las inmediaciones del estadio de Gutiérrez volvió a impedir la definición del torneo femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, reavivando el cruce de responsabilidades entre la Liga Mendocina, los clubes y el Gobierno, mientras las jugadoras siguen esperando poder disputar la final.
La final del torneo femenino de la Liga Mendocina de Fútbol entre Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia volvió a quedar suspendida. Las jugadoras ya estaban cambiadas, habían realizado la entrada en calor y aguardaban salir a la cancha de Gutiérrez, pero el partido no pudo disputarse por incidentes registrados en las inmediaciones del estadio.
No fue un hecho aislado. La semana anterior, en la cancha de Maipú, el desenlace del campeonato tampoco pudo concretarse. Esta vez, el escenario se repitió y dejó al descubierto una problemática que excede lo deportivo y golpea de lleno al fútbol femenino, que terminó siendo la principal víctima de una cadena de desorganización, violencia y responsabilidades cruzadas.
Según lo informado, el encuentro se había diagramado para jugarse con un aforo reducido: 150 personas por club, identificadas previamente mediante una “lista de buena fe” con nombre y DNI, además de dirigentes y periodistas acreditados. Esa modalidad había sido acordada en una reunión en la sede de la Liga Mendocina de Fútbol y comunicada formalmente tanto a los clubes como a la Policía y a la seguridad privada.
Sin embargo, en la previa del partido llegaron micros con hinchas que no figuraban en los listados. La Policía debió intervenir para evitar cruces entre parcialidades en las afueras del estadio, lo que finalmente derivó en la suspensión del encuentro por falta de garantías.
Tras los incidentes, desde el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad apuntaron contra la Liga Mendocina, incluso analizando una posible intervención. En un comunicado, el funcionario Natalio Mema habló de “actitudes pseudo-mafiosas” y de una supuesta connivencia entre dirigentes y barras, señalando la necesidad de poner límites y garantizar la transparencia para proteger al deporte como espacio de inclusión.
Desde la Liga Mendocina rechazaron esas acusaciones. El presidente de la entidad, Omar Sperdutti, aseguró que se cumplió con todo lo solicitado desde el área de fútbol femenino y que la organización fue la acordada con los clubes. “La fiesta estaba perfecta. El problema fue la gente que llegó sin estar en la lista. Eso no dependía de la Liga”, afirmó.
Sperdutti remarcó que siempre estuvo en desacuerdo con jugar la final con ambas parcialidades y que, incluso, se evaluaron alternativas como disputar el partido en el Estadio Malvinas Argentinas, algo que finalmente no fue autorizado. “Pobres las chicas, pobres los familiares, pobres los policías y la seguridad. Triunfan los violentos”, lamentó.
La suspensión volvió a encender el debate sobre la responsabilidad de cada actor: la Liga, los clubes, el Gobierno y el Ministerio de Seguridad. Mientras tanto, el campeonato sigue sin definirse y las futbolistas continúan esperando poder jugar una final que, por segunda vez consecutiva, quedó truncada por hechos ajenos al juego.