Las menores, hijas de la principal imputada del caso, fueron internadas en el Hospital Carrillo tras haber estado expuestas a años de maltrato. El Estado reconoció deficiencias en el seguimiento del caso y analiza sanciones a funcionarios y docentes.
El brutal homicidio ocurrido el 18 de junio en una vivienda de Dorrego dejó al descubierto profundas fallas en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Mendoza. Cinco menores, de entre 7 y 15 años, hijas de la principal acusada, Adriana Suárez Cervante, permanecen bajo atención médica y psicológica en el Hospital Carrillo, donde reciben contención tras haber sido víctimas de negligencia crónica, maltrato sostenido y exposición a violencia extrema.
La situación fue calificada como “altamente traumática” por los profesionales intervinientes, lo que motivó la aplicación de una medida de protección excepcional. Según informaron fuentes oficiales, una vez que obtengan el alta médica, las menores serán trasladadas a hogares provinciales, donde continuarán bajo resguardo. El plan contempla alojar a las tres niñas más pequeñas juntas y separar a las dos adolescentes, siguiendo las recomendaciones del equipo interdisciplinario.
El caso generó fuertes cuestionamientos al rol del Estado y de las instituciones que debían garantizar la seguridad de las niñas. La madre de las menores tenía prisión domiciliaria, pero aun así mantenía la tenencia legal de sus hijas. Tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde la Dirección de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia admitieron errores en el seguimiento del caso.
Además, se abrió una investigación interna para determinar si hubo omisiones por parte de funcionarios, equipos técnicos y personal docente, ya que las niñas acumulaban inasistencias escolares y había múltiples señales de alerta. Incluso vecinos denunciaron haber llamado varias veces al 911 por ruidos, gritos y presencia de personas alcoholizadas en el domicilio, pero las intervenciones no prosperaron.
“El sistema falló en varios niveles”, reconocieron desde el organismo de protección. Por estas razones, se evalúan sanciones administrativas y sumarios para el personal que no activó los protocolos de intervención ante posibles situaciones de maltrato infantil.
El abordaje de las cinco niñas será progresivo y a largo plazo. El equipo de salud mental del Hospital Carrillo y el Programa Provincial de Maltrato Infantil trabajan de manera articulada para evaluar el estado emocional de cada una de ellas. Recién, luego de esta etapa inicial se definirá su traslado a residencias alternativas.
Por el momento, se descartó cualquier posibilidad de revinculación con la madre, quien permanece imputada por homicidio agravado, junto a otras dos personas. La justicia también investiga cómo fue posible que Suárez Cervante obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria mientras tenía bajo su cuidado a cinco menores.
Desde el Estado aseguran que el foco ahora está puesto en garantizar contención, seguridad y reparación emocional para las víctimas. Mientras tanto, se busca determinar si existe algún familiar apto para una futura guarda, aunque no se descarta que las niñas ingresen al sistema de adopción, una vez que se evalúe su situación individual y emocional.