Prestadores, instituciones y familias denuncian una crisis profunda por deudas acumuladas y reclaman medidas urgentes para garantizar la continuidad de tratamientos y derechos de las personas con discapacidad.
El sector de la discapacidad atraviesa una situación crítica y este miércoles y jueves lleva adelante un paro nacional en reclamo por la falta de pagos y demoras reiteradas por parte de organismos nacionales y obras sociales. La medida de fuerza, que ya tuvo un antecedente la semana pasada, vuelve a poner en evidencia un conflicto que impacta directamente en terapias, instituciones y familias.
Profesionales y referentes del sector aseguran que existe un “corte en la cadena de financiamiento” que impide sostener las prestaciones. Bianca Facchini, terapeuta, explicó que la deuda afecta tanto a servicios ya brindados en 2025 como a los actuales. “Desde noviembre no recibimos pagos de coberturas médicas nacionales. Esto no solo impacta en lo económico, sino también en la continuidad de los tratamientos”, señaló.
Entre las entidades involucradas mencionó a programas y coberturas como PAMI e Incluir Salud, que dependen del Estado nacional. Según indicó, la incertidumbre sobre los pagos genera que muchos profesionales no puedan continuar prestando servicios, lo que repercute directamente en los pacientes.
La problemática también golpea a las instituciones. Susana de Blasis, presidenta de APANDO (Asociación de Padres de Niños Down) y madre de un joven de 23 años, explicó que el atraso en los pagos compromete el funcionamiento diario. “Tenemos que sostener sueldos de terapeutas, docentes y personal administrativo sin recibir los fondos correspondientes”, afirmó.
En este contexto, la institución mantiene cerrados los servicios terapéuticos y el centro de día durante el paro, aunque la escuela continúa funcionando.
El impacto no es solo económico. Las familias también enfrentan serias dificultades en la organización cotidiana. “Nuestros hijos tienen rutinas que son fundamentales. La interrupción de sus actividades los afecta emocionalmente y también en sus procesos”, explicó De Blasis. Además, remarcó que muchos padres deben reorganizar su vida laboral ante la falta de espacios de contención.
Desde el sector advierten que la situación implica una vulneración de derechos. “Cuando no se paga a un terapeuta, no hay terapia, y eso significa que se vulnera un derecho de las personas con discapacidad”, sostuvo Facchini.
El reclamo incluye el fin del congelamiento de aranceles, la actualización del nomenclador —con un pedido cercano al 40%— y la regularización urgente de los pagos. También exigen avances en la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
A pesar de las manifestaciones y reclamos frente a organismos oficiales, aseguran que hasta el momento no han recibido respuestas por parte de las autoridades.
En Mendoza, más de 100 instituciones se encuentran afectadas por esta situación, aunque el conflicto se replica en todo el país. El sector busca visibilizar la problemática e invita a la sociedad a acompañar el reclamo, ya sea participando en las movilizaciones o difundiendo la situación.
“El pedido es simple: que se respeten los derechos y que haya humanidad”, concluyeron.