El tributo representa una parte cada vez mayor del precio que pagan los automovilistas en el surtidor. Aunque la ley establece destinos específicos para esos recursos, crece el reclamo por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales y por la baja ejecución de fondos destinados a infraestructura vial.
Cada vez que un conductor carga nafta súper en Mendoza y en el resto de la Argentina, una parte del precio que paga corresponde al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El tributo, establecido por la Ley 23.966, tiene una característica particular: la normativa determina de antemano distintos destinos para los fondos recaudados.
Sin embargo, el fuerte deterioro de algunas rutas nacionales, sumado a la falta de obras y mantenimiento, volvió a poner el foco sobre qué ocurre con el dinero que se recauda a través de este impuesto.
Según los datos analizados, actualmente cada litro de nafta súper contiene alrededor de $355,10 correspondientes al impuesto a los combustibles, frente a unos $116 a valores actuales que representaba el tributo en noviembre de 2023.
De esta manera, el impuesto pasó de representar aproximadamente el 8,9% del precio en el surtidor al 19,25% en julio, mientras que su actualización nominal acumulada desde el cambio de gestión alcanzó el 1.265%, muy por encima de la evolución de los precios y de los salarios privados formales.
Qué es el Impuesto a los Combustibles y cuánto se paga
El Impuesto a los Combustibles Líquidos es un tributo de asignación específica creado por la Ley 23.966. Esto significa que la legislación establece cómo debe distribuirse la recaudación.
De acuerdo con el esquema vigente, los recursos se distribuyen de la siguiente manera:
- 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para atender obligaciones previsionales.
- 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
- 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda.
- 10,40% al Tesoro Nacional.
- 10,40% a las provincias.
- 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
- 2,55% destinado a la compensación del transporte público.
Por lo tanto, el dinero que los consumidores aportan cada vez que cargan combustible no constituye simplemente un ingreso general del Estado. La normativa establece distintos destinos vinculados con rutas, transporte, vivienda, infraestructura hídrica y seguridad social.
Una parte del impuesto debería financiar las rutas
Dentro del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte existe un componente destinado específicamente al sistema vial.
Luego de las deducciones correspondientes, aproximadamente la mitad de esos recursos se canaliza hacia el Sistema Vial Integrado (SisVial), mecanismo mediante el cual se financian actividades vinculadas con la Dirección Nacional de Vialidad.
La otra parte se distribuye entre distintos sistemas relacionados con el transporte automotor y ferroviario.
Además, la normativa establece que una parte de los fondos que reciben las provincias debe ser destinada a sus organismos viales.
En términos concretos, el esquema legal vincula la recaudación del impuesto con el financiamiento de distintas áreas de infraestructura y transporte.
El problema que plantean distintos sectores es que, mientras el impuesto continúa aumentando, las obras y tareas de mantenimiento de las rutas nacionales no muestran una evolución acorde con los recursos que, según la normativa, deberían contribuir a financiarlas.
¿A dónde va el dinero que se recauda por los combustibles?
La discusión cobró especial relevancia en Mendoza debido al estado de corredores estratégicos como la Ruta Nacional 7, la Ruta Nacional 151 y otras vías fundamentales para el transporte de cargas.
Las imágenes de calzadas deterioradas, baches y sectores con problemas de transitabilidad se multiplicaron durante los últimos meses, especialmente en corredores utilizados diariamente por miles de vehículos y camiones.
Desde distintos sectores sostienen que existe una contradicción entre el objetivo establecido por ley y la realidad que atraviesan las rutas.
El planteo apunta a una pregunta concreta: si una parte del impuesto tiene asignación específica para infraestructura y transporte, ¿cuánto de lo recaudado termina efectivamente ejecutándose en obras viales?
Un funcionario reconoció que no podía precisar cuánto se destina a las rutas
La discusión también llegó al ámbito político.
Durante una declaración pública, el vocero presidencial, Adrián Ravier fue consultado sobre el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
El dirigente aseguró que existen estructuras y profesionales vinculados al Estado nacional que trabajan en el mantenimiento de las rutas, aunque reconoció que no podía precisar cuánto de la recaudación del tributo estaba siendo destinado específicamente a esas tareas.